Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), las provincias argentinas -a excepción de Capital y Buenos Aires- dependen en gran medida de los fondos que reparte la Nación para cubrir sus gastos, ya que, en promedio, sólo el 27% de los ingresos que generan provienen de impuestos propios.

Este dato aparece en una de las primeras investigaciones aprobadas en 2015 por el organismo de control, que analizó las deudas que mantienen las provincias con el Estado nacional –contando desde 2008 hasta 2011-; además de medir la sustentabilidad financiera de esos compromisos y los posibles impactos que podrían generar en las arcas de la Nación. 

El resultado de ese trabajo fue un informe especial que El Auditor.info dividió en dos partes, y cuya primera entrega fue publicada la semana pasada.

Capacidad de re-pago de la deuda provincial

Explica la Auditoría que “las jurisdicciones provinciales con capacidad de cancelar sus pasivos, serán aquellas que cuenten con ingresos corrientes propios y/o transferidos suficientes para cubrir los servicios de deuda de cada año fiscal sin aumentar su saldo deudor total”.

En ese sentido se destaca que “en la conformación de los recursos provinciales son determinantes los Ingresos Tributarios”. Tanto es así que, en promedio, la participación de los impuestos en la masa de fondos disponibles por las jurisdicciones alcanza el 75%.

No obstante, la AGN observó que gran parte de ese dinero no es generado por las mismas provincias sino que, en mayor medida, provienen de lo que reparte la Administración Central mediante Coparticipación Federal, Aportes del Tesoro Nacional y Transferencias, como el Fondo Federal Solidario, o fondo sojero (ver El reparto).

Esto impacta en casi todos los territorios, a excepción de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, que “se destacan por contar con los ratios de recursos tributarios propios más elevados, lo que indica su grado de autonomía en la administración fiscal”, dice la Auditoría.

El informe, asimismo, detalla el grado de autonomía financiera de las jurisdicciones, es decir, la “capacidad de generar recursos propios en relación con el total de ingresos, con el fin de afrontar con solvencia cualquier estrategia de endeudamiento elegida”.

Como ya se publicó la semana pasada, es la Ciudad de Buenos Aires la que encabeza ese ranking ya que, según el organismo de control, es “la única que tiene autonomía financiera total”.

Le siguen en la lista, con autonomía media, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

Por último aparecen Tucumán, Tierra del Fuego, Rio Negro, La Pampa, Entre Ríos, Misiones, San Luis, Salta, San Juan, Chaco, Corrientes, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Formosa, que, en función de sus números, tienen una autonomía financiera baja.

El reparto del fondo sojero

Si bien la Auditoría sostiene que “es de esperar que una distribución progresiva del Fondo Federal Solidario se realice hacia aquellas provincias con menor autonomía financiera y, por tanto, con mayor necesidad de aportes para mantener sus inversiones de capital”, el mismo informe señala que las jurisdicciones que reciben la porción más importante de estos recursos son Buenos Aires y Córdoba, que justamente tienen autonomía financiera media.

Los desequilibrios provinciales

Como conclusiones generales, la AGN sentenció, por un lado, que “los desequilibrios identificados en las provincias se explican, en la generalidad de los casos, por la baja participación de los recursos locales (recaudación impositiva y regalías) en el financiamiento de sus actividades, lo que torna indispensable la asistencia de la Nación en forma de fondos automáticos y discrecionales”.

Esa dependencia llega a tal punto, que el organismo afirmó que “la evolución de las cuentas fiscales provinciales depende en gran medida de los recursos que reciben de la Nación”.

Sin embargo, apoyarse en la Administración Central no siempre puede dar los resultados esperados: según la Auditoría, entre los factores que generan desequilibrios en las regiones aparecen los “saldos previsionales negativos”, es decir los rojos en el sistema jubilatorio, que a su vez “explican el déficit financiero de las provincias”. 

Esta situación fue observada, justamente, en las jurisdicciones que decidieron “armonizar” su sistema de seguridad social con la Nación.

Finalmente, la investigación determinó además que en los desembolsos corrientes de las provincias aparece un “alto porcentaje de gasto social” y de pago de sueldos al personal público.

En cuanto a las recaudaciones, la Auditoría notó “cierta rigidez (que) viene dada por la baja autonomía financiera y por el bajo porcentaje que el fondo sojero representa de la Inversión Real Fija” de las provincias.

“Por todo lo expresado, se pone de manifiesto que un cambio de resultados parecería estar más ligado a una recomposición genuina de las finanzas provinciales que a sucesivas reestructuraciones de los pasivos con la Nación”, completó el organismo de control.