Publicado: 12-12-2010

Buenos Aires.- "Hay que fijar una política nacional que desde el Estado racionalice fenómenos complejos y marque una política criminal que deje en el campo penal los delitos graves que afectan el orden socioeconómico del país",  sostuvo Mónica Cuñarro y se opuso a su inclusión como una figura penal. Esta iniciativa es analizada en el Congreso Nacional. En la Comisión que ella preside, también participan los jueces Horacio Cattani, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena.

En diálogo con BAE, propuso la creación de una unidad especial "para controlar las fundaciones y ONGs ya que son nichos sin controles serios" en materia de lavado de dinero.

¿Qué balance hace luego del trabajo de dos años que hizo la Comisión en materia de lavado de dinero?

Lo primero que notamos es que desde los '90 se había perdido la capacidad de fijar una política criminal clara con respecto al tema .No solo era errática sino por sobre todo copiada de países extranjeros que ignoraban la especulación financiera, los capitales golondrina, la falta de informatización bancaria, las pocas sanciones impuestas por el Estado a los sujetos obligados, la economía informal, la forma de trabajo de la UIF en la parte preliminar del delito, la falta de capacitación en la justicia, y la recarga en jueces de tareas que no son propias para seguir la ruta del dinero. El sector privado tiene, también, responsabilidad en la lucha y control de ese delito. Y es fundamental porque la economía informal no incluye solamente las actividades legales que no pagan impuestos sino también las ilegales. Además, los instrumentos internacionales firmados a fin de evitar injusticias sociales como para controlar el dinero que proviene de la corrupción, el crimen organizado o lavado, lamentablemente no sólo no se han cumplido a nivel internacional, sino que en los últimos años la situación ha empeorado. Algunas de estas conclusiones y un cronograma fueron entregados y se encuentra en estudio de la presidenta de la Nación.

¿Qué medidas propusieron en el trabajo realizado por la Comisión?

Hemos aconsejado impulsar la informatización bancaria nacional y la baja de costos de los bancos para sus usuarios y que cada gobernador facilite el cruces de datos entre empresas para controlar el lavado. También se necesita que las normas vigentes para los organismos estatales que son sujetos obligados sean armónicas y transparentes y, en ese sentido, coordinar al BCRA, la AFIP y la UIF. Esto le permitirá a un juez o fiscal poder avanzar en procesos de lavado. Se debe cambiar y agilizar el procedimiento interno de la UIF, fundamentalmente fijar sanciones y controles administrativos parar los organismos estatales encargados de aplicar multas y realizar clausuras preventivas. Creemos necesario crear una unidad especial sin funciones operativas en la órbita de la Procuración para controlar las fundaciones y ong's, que bajo el pretexto de sus objetos jurídicos son nichos sin controles serios en materia de lavado de dinero. Hay que entender que el lavado es un delito que afecta el orden socioeconómico del país.

El proyecto para modificar la actual ley de prevención de lavado de dinero incluye la figura del autolavado, lo que ha generado cierta polémica, ¿cuál es su posición al respecto?

La figura del autolavado debe ser mirada con cuidado, ya que nuestra legislación no tiene raíces en el Common Law. Cuando se importan figuras hay que ser cautelosos porque luego, cuando no funcionan en la Justicia, dicen que somos todos corruptos y en realidad traspola-ron formas jurídicas que chocan con nuestra Constitución. La figura de auto-lavado ayuda a los lavadores ya que no se necesita probar el delito anterior. El sujeto que lava siempre realizó un delito anterior, sea este un fraude o estafa, que es competencia de las provincias y de los tribunales nacionales criminales locales. El origen espurio del dinero debe ser sí o sí relevado y reportado al juez. No hay juez ni fiscal serio en el mundo que pida un procesamiento o condene por lavado si no tiene establecido el origen del dinero. Esa determinación le corresponde a los sujetos obligados que son estatales, en especial la AFIP y el Banco Central y la UIF.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha señalado debilidades de parte de nuestro país en la prevención del lavado dinero, ¿coincide con las conclusiones de ese informe?

Primero, en términos de política criminal, habría que preguntarse luego de la crisis financiera mundial cuál es el rol del GAFI y de Naciones Unidas. En lo personal, no estoy de acuerdo con muchas de las observaciones que hizo el GAFI y tampoco con otras que marcó y que no fueron implementadas en su rigor, no por su dificultad, sino por tener una agenda que no tiene lógica alguna. En primer lugar, el tema del terrorismo y el lavado son dos cosas distintas. No se pueden traspolar conceptos de un país a otro porque terminan dañando nuestras instituciones. Por otra parte, esto está claro en los instrumentos internacionales y los países han dejado la reserva de no afectación al orden legal vigente. Otra cuestión es la referida a la extinción de dominio o el decomiso. No se puede decomisar sin sentencia firme ni expropiar sin ley. Esto es inconstitucional .Cuando el día de mañana cualquier magistrado o fiscal independiente declare inconstitucional dicha recomendación del GAFI, van a salir a decir que la culpa es de jueces o fiscales por encubrir el lavado.

Hay una sensación de que en las causas por lavado de dinero y corrupción muy pocas veces se llegan a condenas, ¿esto está comprobado?

El estudio hecho por la Comisión sobre el año 2008 mostró que desde el inicio del Reporte de Operaciones Sospechosas hasta su llegada a la Justicia pasa un promedio de entre año y medio y tres años. Es un tiempo muy valioso perdido y un aspecto que la UIF debe mejorar. Con solo cambiar el procedimiento y que cada sujeto responsable -BCRA O AFIP-se haga responsable y se presente como querellante ante la Justicia seguramente solucionaría el problema de la coordinación y optimizaría la información imprescindible que se necesita en la justicia penal. Pero hay una cuestión que la gente debe saber: no hay condenas en masa, por lavado de dinero, en ninguna parte del mundo. Ni siquiera en Inglaterra o Alemania, que son países con sus sistemas altamente bancarizados y muchos más controles estatales.

¿Cree que existe una relación entre la política neoliberal de los 90 y el crecimiento del lavado de dinero?

Por supuesto. A partir de los '80 la cantidad de bancos que existían en el mundo daban una cifra "A". Luego de esa década, el número de entidades bancarias se octuplicaron, mientras por efecto de la globalización los controles se hacían más laxos a nivel mundial y crecían los paraísos fiscales. En esto, la Argentina no fue ajena. Por supuesto que como mercado para lavar fue menor a España, pero fue importante en la región junto a Brasil, Chile, Uruguay, y Venezuela, entre otros. El corrimiento del Estado dejó al mercado sin arbitro, y los capitales hicieron lo que quisieron. Así llegamos a la crisis mundial de hace pocos años, provocada por todo esto. En la Argentina, el Estado y los dirigentes deben saber que es sumamente importante para la política recuperar el control y fiscalización del dinero. No es fácil porque durante muchos años los sectores poderosos se han encargado de que sea imposible investigar delitos económicos en nuestro país.