Córdoba.- El vocal del Frente Cívico en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, José Medina, sostuvo que el Ministerio de Gobierno utiliza 420 mil pesos mensuales de gastos reservados y que, en su opinión, eso viola la Constitución provincial. Estos fondos son aplicados al área de seguridad y la Provincia no está obligada a especificar su destino.

Medina, quien votó en contra en la visación que debe hacer el Tribunal de Cuentas sobre la autorización de esta partida, afirmó en la fundamentación de su negativa: "Más allá de que esté permitido por ley -admitió- eso no significa que la norma no sea violatoria de la ley suprema, que es la Constitución provincial. Lo grave es que esta práctica antirrepublicana de usar fondos públicos sin explicar su destino se reitera en el tiempo. Entonces, se produce una doble trasgresión: no se especifica el destino cuando se los pide y tampoco se rinde cuenta luego, cuando ya se los utilizó".

El ministro de Gobierno, Carlos Caserio, salió al cruce de los dichos del vocal juecista, al remarcar que los gastos reservados están permitidos por ley y que figuran en la Ley de Presupuesto de este año, aprobada por la Legislatura. "La denuncia tiene una motivación política. El área de seguridad es la única repartición del Gobierno provincial que tiene permitido usar fondos reservados, precisamente, para ser aplicados a la seguridad. Además, figuran en el presupuesto", afirmó el funcionario.

Caserio argumentó que utiliza de manera "razonable" una facultad que le permite la ley. "Lo que llevamos gastado, en promedio, es una cifra parecida a la del año pasado. Además, en los últimos tres años no gastamos un peso más de lo que figura en la partida del presupuesto", se defendió Caserio.

Según datos oficiales del Tribunal de Cuentas, el año pasado se utilizaron 4.790.000 pesos en fondos reservados destinados a seguridad. Es decir, 399.166 pesos mensuales.

Hasta el 31 de mayo, el Ministerio de Gobierno ya retiró 2.140.000 pesos de la cuenta en este rubro. Lo que significa un incremento de alrededor de 28 mil pesos mensuales, respecto al año pasado: en los primeros cinco meses del año se gastaron 428 mil pesos cada 30 días.

Los gastos reservados para seguridad figuran en el Presupuesto 2010, en el programa 120 de Políticas de Seguridad Públicas. El monto total asignado para este año es de 5.331.000 pesos.

Si se usan todos los fondos previstos en el presupuesto, durante este año se utilizaran 541 mil pesos más que en 2009. Se trata de un incremento del 11,3 por ciento.

Para Medina, los gastos reservados contradicen a la Constitución provincial. "En el artículo 15 de la Carta Magna de la Provincia se indica de manera taxativa que los actos del Estado son públicos, en especial los que se relacionen con la renta y los bienes pertenecientes al Estado provincial y el municipal. La ley determina el modo y la oportunidad de su publicación y del acceso de los particulares a su conocimiento", afirmó el funcionario juecista.

Caserio defendió la posibilidad de que su cartera pueda contar con fondos destinados a la seguridad. "Por ley, este Gobierno impidió que hasta el gobernador tuviera gastos reservados. Además, no es cierto que no haya controles, ya que las partidas son aprobadas por el Tribunal de Cuentas y los fondos están previstos en el presupuesto. Pero, como lo indica la ley, para el área de seguridad, para hacer inteligencia criminal, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno tiene permitido utilizar estos recursos sin la obligación de especificar su destino", afirmó el titular de la cartera política, de quien depende la seguridad en Córdoba.

En realidad, el Ministerio de Gobierno envía el pedido al Tribunal de Cuentas, que lo único que hace es comprobar que quedan recursos en la cuenta de gastos reservados y aprueba su utilización. Es un trámite casi formal.

Durante la administración delasotista, el problema de los gastos reservados para el área de seguridad fue más grave, ya que se utilizaba más de lo presupuestado. La partida de fondos previstos se iba modificando a medida que el entonces ministro de Seguridad requería más recursos de gastos reservados.

Por el artículo 8 de la ley 5.901, los gastos reservados están destinados al Ministerio que esté a cargo de Seguridad, el Tribunal Superior de Justicia y el jefe de Policía.

Según esta norma, los gastos reservados, a diferencia de los corrientes, gozan de un sistema de rendición de "forma genérica y secreta" y están "excusados", por estrictas razones de necesidad y urgencia, de respetar los procedimientos de contratación que marca la Ley de Contabilidad de la Provincia.

Caserio consideró que la denuncia de Medina tiene "intencionalidad política". "Decir que se utilizan fondos sin explicitar el destino es un flanco que puede ser aprovechado por la oposición. Pero aquí no existe ninguna irregularidad. Cumplimos la ley y apelamos a esta partida por estrictas medidas de seguridad. En todos los países del mundo existen estas partidas para aplicarlas a la seguridad pública", fundamentó Caserio.

De todos modos, el vocal juecista catalogó de "antidemocrática" esta práctica e instó a los legisladores provinciales para que modifiquen la ley. "No puede ser que el Gobierno cuente con la potestad de gastar más de 400 mil pesos mensuales sin especificar su destino. Esto no mejora el sistema de seguridad y además genera una situación impropia de un Estado de derecho".