PIDE REGLAMENTAR LA LEY QUE OBLIGA A DIFUNDIR LAS CUENTAS: La AGN dice que el Poder Ejecutivo no brinda datos desagregados y que se muestran desactualizados, lo cual impide controlar a cada organismo del Estado.

La Auditoría General de la Nación cuestionó al gobierno nacional por no informar debidamente sobre sus cuentas y gastos. Entre otras deficiencias, la AGN citó la falta de actualización y de desagregación de los datos publicados. Mediante un informe, la Auditoría concluyó que no se cumple como debiera la implementación de sistemas de información pública y de libre acceso a los datos que establece el artículo 8 de la Ley 25.152, la norma que regula la administración de los recursos públicos. Por ello, proclamó la necesidad de reglamentar ese artículo.

Según el artículo 8 de esa ley –sancionada el 25 de agosto 1999– "la documentación de carácter físico y financiero producida en el ámbito de la Administración Nacional y que se detalla a continuación, tendrá el carácter de información pública y será de libre acceso para cualquier institución o persona interesada en conocerla". Los rubros mencionados son: "Estados de ejecución de los presupuestos de gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel de desagregación en que se procesen; Órdenes de compra, todo tipo de contratos firmados por autoridad competente, así como las rendiciones de fondos anticipados; Órdenes de pago ingresadas a la Tesorería y al resto de las cajas de la Administración; Pagos realizados por la Tesorería y por el resto de las tesorerías de la Administración; Datos financieros y de ocupación del Sistema Integrado de Recursos Humanos que administra cada Secretaría, sobre personal permanente, contratado y transitorio, incluido el de los proyectos financiados por organismos multilaterales"; entre varios otros. La AGN sostiene que el Gobierno no respeta varios de esos puntos.

En su descargo frente al informe, en cambio, la Jefatura de Gabinete (JGM) argumentó que no es necesario reglamentar el artículo en cuestión. En el mismo informe consta que la AGN recibió varias notas de la JGM; por ejemplo, en una del 19 de enero de 2010, la Jefatura señala que es "innecesaria una reglamentación de la Ley, toda vez que ésta podría considerarse restrictiva cuando la voluntad del Ejecutivo precisamente es la contraria". En la misma nota el Ejecutivo se excusa para no brindar información completa sobre sus acciones tal como señala la ley: "debería tenerse en cuenta que por el volumen de documentación que produce el Estado Nacional, sería de cumplimiento imposible exponer la misma, de una manera que resulte útil a quien quisiera acceder", dice el descargo oficial. 

En general, los cuestionamientos que marca el documento se repiten una y otra vez en los diversos puntos analizados: desactualización de los datos, falta de desagregación e información incompleta son las observaciones más reiteradas. Pese a ello, también se señala que tanto el sitio www.argentina.gov.ar –en reemplazo de Cristal, el frustrado intento implementado por el gobierno de la Alianza– que centraliza la información pública, y algunos sitios de los ministerios y secretarías, son un avance en términos de transparencia y control ciudadano.

Con relación a la ejecución de los presupuestos de gastos y del cálculo de recursos, la AGN denuncia que "el Boletín Fiscal incluye información global de datos consolidados de gastos y recursos correspondiente a la edición del primer trimestre 2009". También marca que "no se cumple con el nivel máximo de desagregación requerido por el artículo". Por caso, en cuanto a la falta de rendición de fondos anticipados, la Oficina Nacional de Contrataciones expresó – dice la AGN– que "esta obligación no forma parte de sus competencias, motivo por el cual no cuenta con esa información", "esta razón hace necesario la reglamentación de la ley", reitera.