Publicado: 03-08-2010
 
Catamarca.- Como se informó ayer en este mismo espacio, hay un investigación sobre manejos supuestamente turbios en el ámbito del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en los tiempos en que los gobiernos nacional y provincial mantenían buenas relaciones y aún no se había producido la ruptura política que relegó a Catamarca a los últimos puestos en la distribución de recursos económicos.

En base a denuncias radicadas en la Justicia Federal, la Auditoría General de la Nación (AGN), que integra el ex diputado nacional catamarqueño Horacio Pernasetti, elaboró un informe que estaría próximo a elevarse. Durante el idilio Nación-Provincia, el pacto de caballeros dejaba librado al criterio político del Gobierno la entrega de las viviendas, pero eran los representantes de la Nación en Catamarca los que decidían con respecto a las adjudicaciones de las obras.

Esta metodología de trabajo era conocida y comentada en los círculos políticos y se aceptaba porque garantizaba fondos para que el Gobierno provincial mantuviera en alto el ritmo de construcción de viviendas sociales que luego se repartían como confites a los fines proselitistas. El aceitado esquema entró en crisis cuando los radicales de Catamarca decidieron romper lanzas con el kirchnerismo, después de las elecciones gubernamentales de 2007, en las que Eduardo Brizuela del Moral resultó reelecto acompañado en la fórmula por la kirchnerista Lucía Corpacci. El informe de la AGN tiene nervioso a más de uno. Las sumas gastadas en el IPV que están bajo la lupa son multimillonarias y las investigaciones involucran a un conocido actor K ligado al sector inmobiliario, a un ex presidente de la Cámara de la Construcción, a parientes cercanos de la primera línea del poder nacional y a un pariente de una legisladora nacional. Todos formaron parte del mecanismo de toma de decisiones para direccionar la adjudicación de las obras de construcción de barrios en los tiempos de vacas gordas.

Los mismos personajes aprovechaban sus contactos en la Casa Rosada para manipular también el flujo de recursos hacia municipios opositores, con el mismo mecanismo de reservarse para sí la decisión acerca de las empresas adjudicatarias de las obras financiadas con fondos nacionales. Esto generó no pocos problemas para los intendentes que se prestaron a las maniobras. Muchos de ellos tienen obras que figuran como concluidas y ni siquiera existen. Y en otras, los beneficiarios de las adjudicaciones operadas por los gestores nacionales las concretaron con una calidad pésima. Pavimentos destruidos al poco tiempo de instalarse, cordones cuneta destrozados e inservibles, caños rotos a pesar de haber sido recién puestos son moneda corriente en varias comunas del interior. Todos estos elementos suman para lo que podría convertirse en un escándalo de proporciones con reconocidos actores kirchneristas en el ojo de la tormenta.

La segunda mitad del año comenzará a teñirse en poco tiempo más con la discusión político-partidaria de cara a las elecciones gubernamentales del año que viene. Aunque desde el sector del intendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile, insisten en que los cargos electivos se definan por elecciones internas abiertas, es improbable que esto ocurra después de la contundente victoria que obtuvo la alianza oficialista en las internas para las autoridades del partido. Donde sí habría internas, en octubre, es en el PJ. Los distintos sectores trabajan en los ajustes de un sistema de listas integradas para que se incorporen ganadores y perdedores. Referentes de la Renovación estuvieron la semana pasada en Buenos Aires, donde les habrían confirmado que la idea es que el kirchnerismo se meta también en la puja. La fecha de octubre fue definida en el último congreso del partido. Para este mes, el Consejo Provincial debería realizar la convocatoria formal y establecer el cronograma.