Comisión investigadora de la Legislatura elevará su informe a los miembros de la Sala Acusadora

El escrito aconsejando o desaconsejando la continuidad del proceso de juicio político contra los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia se conocerá en las próximas horas. La decisión no es vinculante y el asunto se debe votar en el seno de la Sala Acusadora. Hay 20 días hábiles que vencerían el 8 de septiembre. Los contadores Claudio Ricciutti y Luis Caballero y el abogado Miguel Longhitano; integrantes del organismo fiscalizador, están acusados de cobrar por encima del tope salarial, violando la Constitución y leyes vigentes.

Ushuaia.- La comisión investigadora de la Sala Acusadora de Legislatura tiene plazo hasta hoy para elevar su informe al resto de los pares, donde deberán definir si aconsejan o desaconsejan seguir adelante con la acusación formulada contra los tres miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, por presunto mal desempeño del cargo.

Ricardo Wilder del Frente para la Victoria, Mónica Urquiza del Movimiento Popular Fueguino y Osvaldo López del ARI; son quienes sellarán el dictamen, luego de haber evaluado la acusación, las pruebas en contra y el descargo que formularon los vocales acusados de mal desempeño.

Una vez que se conozca ese informe, el resto de los legisladores deben evaluar los pasos a seguir, para lo cual cuentan con 20 días hábiles, plazo que estaría operando el 8 de septiembre próximo, según rige la ley que establece la figura del juicio político.

Cabe indicar que lo que pueda resolver la comisión investigadora no es vinculante, por lo tanto en la decisión que se adopte, pesará el número de votos que tenga el oficialismo si quiere avanzar en someter a un juicio de estas naturalezas a quienes integran el organismo de contralor del uso de los fondos públicos.

De todas maneras, lo que se conozca hoy puede definir el futuro de los contadores Claudio Ricciutti y Luis Caballero y el abogado Miguel Longhitano; todos vocales del Tribunal de Cuentas.

El senador José Martínez es quien impulsa el juicio político contra los tres vocales del Tribunal de Cuentas por considerar que los miembros del órgano de control se encontrarían incursos en la causal de destitución por «mal desempeño del cargo».

La acusación se centra en que los miembros del organismo fiscalizador reciben remuneraciones que superan el tope salarial fijado en la Constitución Provincial y el porcentaje de la dieta de los legisladores fijado en el artículo 7 de la ley 50, de creación del Tribunal de Cuentas.

En el escrito indica que a marzo de este año Claudio Ricciutti, Luis Caballero y Miguel Longhitano cobraron sueldos del orden de 25 mil pesos, cuando por aplicación de la normativa referenciada sus haberes no podrían haber superado los 11 mil pesos.