Publicado: 14-08-2010
 
Neuquén.- La Justicia investiga al Ministerio de Planificación Federal, a las empresas y a la Provincia por la preadjudicación de la represa Chihuido I, proyectada sobre el tramo medio del río Neuquén.

El juez federal Ariel Lijo libró "órdenes de presentación", que son especies de órdenes de allanamiento, para que los involucrados entreguen documentación sobre el proceso licitatorio, que derivó en la preadjudicación en manos de la UTE conformada por Electroingeniería, CPC, OAS, Hydrocuyo y Rovella Carranza.

Al ministerio conducido por Julio de Vido el juez le pidió documentación sobre el proceso licitatorio y sobre el encargado del control. A la Provincia de Neuquén le solicitó que informe sobre la constitución de la UTE en cuestión y detalles sobre la preadjudicación. 

Además, Lijo reclamó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que informe la constitución de todas las firmas que integran el consorcio. 

La investigación surgió de una denuncia presentada por la Coalición Cívica en la que se remarcaba que existió un direccionamiento para que sean beneficiadas las empresas vinculadas al gobierno nacional. 

Entre los pedidos de Lijo se cuentan, también, las solicitudes a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) para que entregue informes sobre la licitación en Chihuido.

Por otro lado, el magistrado solicitó datos sobre la financiación propia de la obra que aporta la UTE. Se trata de créditos del BNDES de Brasil, del Banco de Córdoba y del Banco Macro. El respaldo de la obra lo brinda el Estado Nacional. 

Por eso, Lijo pidió a Macro y al Banco de Córdoba las copias de los estatutos y los acuerdos realizados con los entes estatales.