Catastro y obras en la Ciudad: “superposición o dispersión de responsabilidades”
Diversos informes realizados por la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) desde el año 1996 advierten sobre la “ausencia de estructuras formales” en distintas áreas del Gobierno Porteño que “han sido reiteradamente observadas a lo largo de los años y de las diversas gestiones que han estado a cargo del Poder Ejecutivo”.
En uno de sus últimos trabajos, aprobado en diciembre del año pasado, la Auditoria afirma que “distintos organismos comparten, en ciertos temas, similares responsabilidades, así como también diversas cuestiones en las que tienen injerencia, lo que deriva en numerosas coberturas parciales (y a veces superpuestas) de una determinada problemática”. El organismo de control señala, por ejemplo, la situación que se plantea en el ámbito de “catastro y otras cuestiones edilicias”, donde coexisten dos Direcciones con funciones muy parecidas.
En la Agencia Gubernamental de Control se encuentra la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, la cual, entre otras funciones, ejerce el control, fiscalización, inspección y registro de las construcciones de obras civiles, públicas y privadas, nuevas o remodeladas. Mientras que en el Ministerio de Desarrollo Urbano, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, otorga el registro para las obras civiles, públicas y privadas, nuevas o remodeladas, así como todas las instalaciones necesarias para un correcto funcionamiento. Según se publica en la página web del gobierno porteño, ambas direcciones tienen a su cargo entender en los regímenes de la propiedad horizontal en la subdivisión de las edificaciones, y supervisar el estado y control técnico y legal del registro de mensuras y el estado parcelario.
Asimismo, el informe destaca: “Esta superposición de responsabilidades trae aparejada dificultades de coordinación, así como la posibilidad cierta de actuaciones superpuestas”. Por otro lado, se observa “la existencia de una estructura informal que comprende más de 1600 unidades organizativas, de las cuales el 85,7% se encuentra “establecido de hecho”, y el 14,3% a través de “normas internas insuficientes”. En la Jefatura de Gobierno hay ocho direcciones generales, ninguna unidad formal y 47 unidades informales, de las cuales ninguna fue aprobada por norma.
Entre las consecuencias que puede llegar a traer esta situación, la AGCBA señala una “importante debilidad de control interno”. Además, se recalca: “El desarrollo completo de la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad es, sin duda, una tarea compleja que no ha sido encarada en profundidad por ninguna de las gestiones a cargo del Poder Ejecutivo desde el establecimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por último, en el informe se aconseja “afrontarse el esfuerzo que este desarrollo requiere, con la mayor celeridad posible”.