Publicado: 17-08-2010
 
Con sólo un dos por ciento de ejecución de su presupuesto en este año, denuncias de sobreprecios en las obras y demoras en las ejecuciones, el IVC revela todos los males en la gestión social.

CABA.- Todos los males salen a la luz cuando se trata del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), un organismo que nació para solucionar los problemas de viviendas de los sectores más vulnerables: unos 500 mil porteños, según las últimas cifras oficiales.

Un informe pormenorizado de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (Agcba) es lapidario respecto de este organismo: 100% de ineficiencia e ineficacia en la planificación y ejecución de las casas; sobreprecio en los costos de las viviendas que se construyen, que llegan hasta el 30% respecto del valor promedio del mercado; incumplimiento en los plazos de ejecución (que demoran entre 24 y 27 meses), y poco avance en la construcción de viviendas definitivas, que llega al 10% (esto significa que si 100 familias necesitan una casa, el IVC sólo entrega 10).

Las conclusiones de la Agcba coinciden con otros órganos de control, como la Comisión de Vivienda de la Legislatura, la Justicia y diferentes ONG, que denuncian una grave subejecución presupuestaria, una operatoria de transferencia de dinero hacia otros organismos sin brindar la información correspondiente y, sobre todo, una dramática caída presupuestaria.

En 2005, del total del presupuesto de la Ciudad, el 5,3% era destinado a Vivienda; para este año, se destina el 3,02%. En el mismo período, el presupuesto para villas cayó del 2,4% al 0,68%, respectivamente. "En 2009 el presupuesto para el IVC era de 519 millones de pesos; para 2010, fue de 400, es decir que se destinó un 40% menos", afirmó la diputada por la Coalición Cívica porteña Rocío Sánchez Andía, presidenta de la Comisión para la Vivienda. "Hay un progresivo vaciamiento de este organismo. Se desmantela quitándole capacidad de acción y presupuesto, se redireccionan partidas, no se unifican programas, de manera que hay diferentes órganos o ministerios encargados de solucionar una problemática en particular, pero no existe una política global para dar una respuesta definitiva", concluye la legisladora.

Esta "distribución de tareas" en lo que hace a la problemática de la vivienda, se divide entre el IVC, la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS) -que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, y se ocupa de realizar tareas de emergencia en las villas- y la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS), una sociedad del Estado creada en 2000 con el objetivo de urbanizar las villas del sur y acortar la brecha económica y social entre el sur y norte.

Pero como estos organismos funcionan de manera independiente, al igual que el Ministerio de Desarrollo Social, encargado por ejemplo de los subsidios habitacionales, se pierden las responsabilidades en una marea de indefiniciones: quién se hace cargo de los desalojos; quién de los desalojados; quién de los asentamientos. "No hay una política global, pero es algo buscado por el PRO, a quien no le interesan las políticas sociales", sentenció Sánchez Andía.

Destinos oscuros

"Ninguno de los tres actores (UGIS, IVC, GBAS) tiene una política articulada de vivienda", coincide el diputado Martín Hourest (Igualdad Social). Y agrega: "En 2009, según un estudio presentado por su bloque, el IVC había ejecutado sólo el 46% de su presupuesto, y hasta abril de este año sólo ejecutó el 2%. "La plata que no se ejecuta se reagrupa en otros lugares, o va para la CBAS, un organismo que no tiene mecanismos de control accesibles externamente, que se maneja por mandas, y que nadie sabe cómo funciona", explica Hourest.

Aunque una de las promesas electorales del entonces candidato Mauricio Macri fue urbanizar las villas, un reciente informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela que las promesas fueron sólo eso: el estudio sobre el anteproyecto presupuestario macrista para 2010 asignaba un 64,2% a tareas de emergencia (UGIS) y un mínimo a políticas estructurales del IVC.

Según esos datos, la política de Vivienda de la Ciudad concentraba sus fuerzas y dinero en evitar catástrofes en villas y asentamientos, antes que coordinar planes a largo plazo. "En ese proyecto no podíamos ver cuántos recursos iban destinados a cada villa en particular y no se podían rastrear los recursos que los ministerios le asignaban a la CBAS. Antes de 2008 todo eso era accesible", afirmó Mariel Acosta, abogada y miembro del programa Derechos y Construcción Comunitaria en Villas, de la ACIJ.

La inversión social en viviendas es inversamente proporcional al crecimiento de las villas: mientras cae el presupuesto destinado a solucionar la problemática (desde 2005 se redujo en más de un 40%), el aumento poblacional fue del 56% (según el IVC, 96.974 personas viven en villas; según la ACIJ y el Centro de Derecho a la Vivienda y contra Desalojos son 182.000). Más de la mitad de los $117.852.450 destinados a villas van para tareas de emergencia (UGIS) y apenas un 30% recibe el PRIT, único programa a largo plazo del IVC destinado a los problemas estructurales de esta población. "Ahí se ve cuáles son las políticas públicas. Nuestra Constitución es muy clara: defiende el derecho a la vivienda de una forma tajante, y eso no está reflejado en las asignaciones presupuestarias", sintetiza Acosta, de ACIJ.

Ni justicia

Al igual que la oposición y distintas ONG, la justicia también hace su reclamo frente a esta situación. "La demanda de vivienda en los sectores bajos y medio bajos aumenta y la Ciudad no afronta esta problemática con una acción sostenida en el tiempo", afirma el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Andrés Gallardo. Uno de los principales señalamientos de los jueces porteños es la poca respuesta que obtienen de las autoridades oficiales. "Nosotros trabajamos sobre las demandas puntuales de barrios y vecinos. Las principales tienen que ver con problemas de infraestructura, sanitarios, cuestiones de deficiencias estructurales en barrios como el complejo Piedrabuena. Y los desalojos. Pero con estas órdenes judiciales tampoco vemos soluciones del Gobierno", explica Gallardo, quien considera que existe "demasiada apelación por parte del gobierno frente a las demandas".

El juez, conocido por sus sentencias e intimaciones hacia los sucesivos gobiernos porteños, ejemplificó: "En la gestión de Telerman se había resuelto que, para cuestiones de derechos humanos básicos, una vez detectada judicialmente la necesidad, el Estado cumplía y no se apelaba. Lo que pueden hacer es modificar la Constitución si no les gusta. Pero se ve mucho papeleo, mucha pérdida de tiempo y sobre todo de dinero, porque el Estado pierde mucho en cada apelación. Pero eso es algo que nosotros no podemos evitar".