Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) señala, sobre la gestión de inspecciones y habilitaciones de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), que se “adoptaron diferentes criterios” para sancionar a distintos locales nocturnos frente a las “mismas irregularidades”.

La repartición tiene como principal responsabilidad ejercer el poder de policía en lo referente a la seguridad, salubridad e higiene sobre todo tipo de establecimientos (comerciales, industriales, de servicio, espectáculos, etc.). Sin embargo, según la Auditoría, “la dotación de inspectores es insuficiente para desarrollar un eficiente ejercicio de ese poder, dada la significativa cantidad de locales clandestinos y habilitados que debe fiscalizar”. El informe dice que en 2008 sólo inspeccionó “el 16,29 % de los locales habilitados”.

En tanto, si bien la Dirección “fiscalizó el 100 % (103) de los establecimientos nocturnos inscriptos en el Registro Único de Lugares Bailables”, durante 2008- en “84 verificó irregularidades” y “33 fueron clausurados”- la AGCBA explica que “en algún caso se procedió a intimar, mientras en otros, idénticos (se efectuó) la clausura preventiva”.

De esta forma, detalla los siguientes ejemplos: el “local de Boyacá 28” fue clausurado por “incumplimiento de la Ley 118”, que regula la prestación del servicio de vigilancia, custodia y seguridad, pero en otros dos locales frente a la misma irregularidad sólo se labró un acta.

La DGFyC clausuró un establecimiento porque “carecía del certificado de bomberos”, mientras frente a la misma falencia, permitió que los locales de “O´Brien 1232 y Santa Fe 4999” continuaran abiertos. Clausuró preventivamente el local de “Esmeralda 565 por exceder la capacidad de personas permitidas”, en tanto, ante la mismo caso, procedió a labrar un acta en el situado en “Rafael Obligado 3731”.

Asimismo, surge de la base de inspecciones que “un local no había cumplido con la intimación a iniciar el trámite de habilitación, por lo que correspondía su clausura”. Pese a la primera advertencia, en la siguiente fiscalización realizada por los inspectores de la Dirección, tampoco se cumplió con el procedimiento frente a la intimación.

El informe, aprobado este año sobre datos de 2008, señala que además “no existe una normativa que defina el criterio para seleccionar los objetivos, y cuya periodicidad de fiscalización no se encuentra prevista”, lo que “trae aparejado un amplio margen de discrecionalidad”.

La AGCBA indicó que “los cambios sobre la estructura de la repartición, produjeron la dilución de responsabilidades” y que “la falta de continuidad de la historia organizativa, dificulta su control”.

Sobre la cantidad de inspecciones “no efectivas”

Según la Auditoría de la Ciudad, “del total de inspecciones (56.596) llevadas a cabo durante el período analizado, 14.994 no tuvieron resultado efectivo”, lo que significa que no pudo concretarse la verificación del lugar porque se encontraba cerrado o el domicilio era inexistente.

Sobre las fiscalizaciones realizadas a partir de las denuncias recibidas en los CGPC, sostiene el informe, que de 562 inspecciones, “242 pertenecían a direcciones inexistentes o locales cerrados”. En el 77 % de los casos que pudieron examinarse, se encontraron irregularidades. Por último, en cuanto a los establecimientos educativos, donde 64 colegios fueron clausurados, “de 2.539 inspecciones, 611” no pudieron concretarse.

La Auditoría porteña sugiere que la realización de tareas no efectivas, se debe a la “falta de coordinación con la Dirección General de Habilitación y Permisos, en cuanto a la actualización de los padrones”.