Pese a que la administración de las escuelas fue transferida desde el ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires hace casi dos décadas, aún no se sabe con certeza cuántos docentes interinos, suplentes y en disponibilidad hay en la base de datos del Ministerio de Educación porteño.

Según la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), el registro informático de personal de la cartera “no contiene información precisa” y, a raíz de las “inconsistencias” detectadas, “no se pudieron llevar a cabo los procedimientos” de control planificados para un informe que, finalmente, fue aprobado este año sobre datos recogidos en 2008.

Frente a la limitación, los técnicos decidieron visitar 20 escuelas de la Ciudad (10 primarias y 10 secundarias) para relevar la nómina de docentes interinos, suplentes y en disponibilidad. Entre la información obtenida y los registros oficiales del Ministerio, surgieron “diferencias significativas” en función de qué fuente se consulte. Por ejemplo, según la cartera, en las primarias hay un 23,5% de interinos, mientras que la AGCBA contabilizó un 17,6%. Por el lado de los suplentes, el Ministerio apunta un 54,9% y los auditores concluyeron en un 40,2%. Algo parecido ocurre, aunque en menor medida, en los establecimientos secundarios y no sólo con los cargos docentes, sino también respecto a las horas cátedra (ver cuadro).

¿Por qué aparecen estas diferencias? Funcionarios de recursos humanos docentes del Ministerio de Educación porteño le dijeron a la Auditoría que “tal situación se generó con las transferencias de Nación a Ciudad (entre 1992 y 1994), en las cuales no se determinaron las nóminas del personal docente con detalle de nombre, apellido y cargo, sino en forma general”.

Asimismo, los funcionarios añadieron que los docentes transferidos debieron llenar declaraciones juradas, en las que figuraban sus respectivos cargos, y esa información fue ingresada al Sistema que comenzó a funcionar en el Ministerio en 1995. El problema fue que los docentes interinos y suplentes fueron ingresados a ese Sistema “con un número ficticio de carpeta de designación y, al mismo tiempo, comenzaron a llegar (nombramientos) que se iban cargando al Sistema Propio, lo que originó en muchos casos una carga doble de una misma designación”, puntualiza el informe de la AGCBA.

El organismo de control también sugiere otro factor que influiría en la desactualización de la base de datos del Ministerio de Educación porteño. Se trata de los plazos que transcurren desde la fecha en que el docente asume un cargo hasta que se sanciona el acto normativo que lo designa; lo que se conoce como resolución en el caso de los interinos, y disposición para los suplentes (ver cuadro).

Además de reconocer que estas demoras, que en el caso de los suplentes de escuelas secundarias superan los 300 días, “conlleva a una desactualización de los registros pertinentes”, la AGCBA también destaca que el escenario empeora para los interinos, porque recién comienzan a percibir sus haberes “una vez que la resolución es remitida a la subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda”, que posteriormente hace la liquidación.

El informe afirma que en 2008 la partida asignada a gastos en personal educativo fue $ 823,3 millones para docentes primarios y $ 335,2 para secundarios, aunque “no figuran en el presupuesto la cantidad de interinos y suplentes, tampoco personal en disponibilidad, dado que las metas del programa se cuantifican en alumnos atendidos”.

Por otro lado, también se observó la “falta de un adecuado sistema de información” en el Departamento de Contralor Docente. El área, que depende de recursos humanos docentes del Ministerio, tiene la responsabilidad de fiscalizar toda la tramitación relativa al circuito de disponibilidades.

Los docenes en disponibilidad son los que ven suprimido su cargo por algún cambio en los planes de estudio o bien en el establecimiento donde prestan servicio y, en el mientras tanto, siguen percibiendo su sueldo. Hay un área porteña que se encarga de proponer nuevos destinos para estos maestros durante su inactividad: se trata de la Coordinación de Juntas de Clasificación, que cada 30 días debe realizar el seguimiento de quienes se encuentren en esa situación y hacer las diligencias necesarias para reubicarlos. 

La AGCBA se entrevistó con la Coordinación y con funcionarios de alguna Juntas, y notó que “el plazo transcurrido desde que el docente es fehacientemente informado por el establecimiento de su pase a disponibilidad, hasta la emisión de la Resolución Ministerial que lo declara formalmente disponible, es de tres meses promedio”. 

Además, el organismo de control señaló que falta un sistema informatizado que permita realizar un control adecuado de la situación de cada agente en disponibilidad.