Río Grande.- Funcionarios del gobierno provincial -en particular de la secretaría de Contrataciones y Abastecimientos- anunciaban hace escasos días, en conferencia de prensa, una denuncia penal por hechos de corrupción en torno de la compra de alimentos para los comedores escolares; y, al mismo tiempo, el propio Tribunal de Cuentas emitía una resolución plenaria para requerir y exigir informes elementales sobre la forma en que esta gestión está llevando a cabo la contratación de este servicio.

Por el tipo de información que se ha requerido a distintas dependencias gubernamentales involucradas con esta contratación, no es difícil inferir que el organismo de control no cuenta con ningún informe sobre las órdenes de pagos libradas durante el curso del presente año ni sobre los mecanismos de adquisición de alimentos y artículos de limpieza. Al parecer, también en esta gestión de transparencia sigue habiendo un enorme agujero negro: ahora, el de "comedores" de fondos públicos.

Hace pocos días, según lo publica el Boletín Oficial, el Tribunal de Cuentas de esta provincia observó más de cincuenta expedientes tramitados en la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento del actual gobierno, por irregularidades detectadas en la compra directa de insumos para comedores escolares.

Así se desprende de la Resolución Plenaria Nº 134, de septiembre del corriente año, en la que los miembros del organismo de control señalan más de medio centenar de casos, poco claros, además de un llamado a licitación para la adquisición de alimentos y elementos de limpieza para los comedores escolares de esta provincia.

En uno de los puntos de la resolución se indica que hasta la fecha, el tribunal no recibió respuesta alguna respecto de las observaciones efectuadas, salvo la del tesorero general de la gobernación, que emitió un informe indicando lo que se pagó por libramientos.

En otro pasaje se destaca que de un informe de la Secretaría Contable se desprende que, "atento a la documentación obrante en cada uno de los expedientes citados, el proveedor entrega los productos en su local de venta, no quedando documentado los medios de transporte utilizados (sobre todo de los alimentos) para su reparto a los establecimientos educativos, y si los mismos se encuentran habilitados para tal circunstancia".

A pesar del plazo "perentorio" que se le dio a la Secretaría de contrataciones y Abastecimiento, a la Tesorería General de Gobierno y a la Contaduría General, para que aclaren las observaciones, únicamente respondió la Tesorería.

Pedidos de informes a gobierno

En la parte dispositiva de la resolución, el Tribunal de Cuentas requirió a la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento un informe en el que se indique la cronología de todas las acciones llevadas a cabo desde el mes de enero de 2008 a la fecha, en el marco de las adquisiciones de elementos para comedores y artículos de limpieza para los comedores escolares, indicando licitaciones, concursos, compras directas, sea por adquisición de productos, así como también por la contratación de transporte de mercadería, logística y todo tipo de elemento que integre el esquema por el cual se lleva a cabo la satisfacción de tal necesidad.

Además, se solicitó que por cada uno de estos ítems se debía hacer referencia al número de expediente, proveedor, fecha, forma de pago y todo otro dato. Se requirió, además, a la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento que informe las acciones que están desarrollando, dentro del área de su competencia, a fin de resolver en forma definitiva los inconvenientes observados, indicando número de expediente por el cual tramitan dichas acciones.

A la Contaduría y a la Tesorería se les pidió un informe sobre la totalidad de las órdenes de pago emitidas en el año 2008, referidas a compras destinadas a comedores escolares (alimentos y artículos de limpieza).

Se otorgó un plazo improrrogable de diez días (que, obviamente transcurrieron sin haberse verificado el cumplimiento de las dependencias de gobierno) para que todos los funcionarios de estas áreas dieran "estricto cumplimiento a los requerimientos formulados", bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 4º inciso h de la ley provincial Nº 50.

Por último, se dispuso la apertura de un expediente con copia certificada de la citada resolución plenaria, que se mantiene reservado en el ámbito de la secretaría Contable del Tribunal de Cuentas.