Publicado: 17-05-2010
 
Chaco.- La Asociación Civil en Defensa del Derecho de la ciudadanía manifiesta su preocupación ante las intenciones del Tribunal de Cuentas de "enviar a archivo una causa por 34 millones de pesos que fuera ilegalmente pagado a funcionarios de Secheep, integrantes de una asociación civil denominada APCECH".
 
En un comunicado de la Asociación civil “En Defensa del Derecho de la Ciudadanía”, se expresaba que: "Como es de público conocimiento la asociación formada por profesionales y jerarquizados de la empresa de energía, sin la apoyatura legal correspondiente se autorizaron una serie de beneficios sociales y salariales al margen de la legalidad que perjudicaron a la empresa en un monto de 34 millones de pesos. Decimos se autorizaron debido a que los integrantes de la asociación a su vez eran parte integrante del Directorio de la empresa como uno de sus fundadores el Ing. Carlos E. Camargo". 

"Los miembros del Tribunal de Cuentas en especial los vocales Noguera y Jenefes se han caracterizado en proteger los intereses de los funcionarios de Secheep y a pesar de las constantes denuncias realizadas en defensa del patrimonio de la empresa estos no han resuelto ninguna causa y han permitido que con el transcurso del tiempo las mismas sean archivadas". 

"El origen o génesis de los males que aquejan a sus miembros los encontremos en la politización del organismo, coincidiendo en ese sentido con lo manifestado por el Sr. Eduardo López, en su columna de la Revista Chaqueña del domingo 16/05/2010, “… debería revisarse la conformación de los integrantes del Tribunal de Cuentas, en el cual, con no mucho acierto, la reforma constitucional de 1994 determinó injerencias partidarias en el nombramiento”. 

"¿Hasta cuando seguiremos permitiendo que los miembros del Tribunal de Cuentas contribuyan y garanticen la vigencia de la corrupción estructural de Secheep?" 

"Es necesario que los organismos de control sean reanalizados y se le marquen las pautas que deben seguir a los efectos de delimitar claramente las tareas que realizan, de tal manera que un expediente tenga un inicio, un desarrollo y un final, en un tiempo determinado previamente y comunicado, a todas las partes involucradas su resolución, si no, nos encontramos con situaciones de esta naturaleza ($34.millones) sin una conclusión y a punto de ser archivado, seguramente encontraremos el expediente escondidos o cajoneados en el algún escritorio de algunos de los vocales que tienen interés en que la causa no se resuelva". 

"El Tribunal de Cuentas no puede tener confusión, el hecho de que a las empresas del estado se le autorice a actuar en las condiciones del mercado con algunas particularidades distintas a la de la administración pública central, no es òbice para que queden liberado del control central y puedan tomar cualquier decisiòn, debido a que no le es aplicable en su funcionamiento las leyes que rigen los actos privados. Su naturaleza es pública y las amplias facultades no le rigen ya que funcionan dentro del marco legal público. No pueden arrogarse ninguna legislación privada para la toma de decisiones especialmente cuando involucran erogaciones que afectan el patrimonio del estado. Si no están en condiciones de comprender esto, significa que no pueden ocupar un cargo, para el que no están preparados. La Corte Suprema de Justicia en el caso Madorran definió claramente cual es la naturaleza jurídica de las empresas públicas y/o del estado. Secheep es una empresa del Estado, es de interés público y afecta a todos los chaqueños su buen o mal funcionamiento. No tienen amplias facultades. Es un invento pergeñado por los funcionarios de Secheep y avalado irresponsablemente por los miembros del Tribunal de Cuentas". 

"Como corolario de esta denuncia estamos en condiciones de decir que es también responsabilidad del Tribunal de Cuentas la grave crisis energética en la quedò sumido el pueblo del Chaco, como consecuencia de no haber cumplido con sus funciones constitucionales de contralor y prevención de los actos ilegales de los funcionarios", concluye el documento. 

No pueden omitir la ley de interese difusos, que por mas que el denunciante no la nombre, el Tribunal tiene pleno conocimiento de la vigencia de esa ley, como así también la ley de información pública. Que dice que todos los ciudadanos tenemos derechos a contar con la información y el organismo de informar a la opinión pública de todas las denuncias realizadas y cual fue el resultado de las actuaciones correspondientes. 

También queremos conocer públicamente quienes son los que accionan o investigan cualquier acto de corrupción o de perjuicio al patrimonio chaqueño. Porque hasta ahora violando las reglamentaciones vigentes se han negado sistemáticamente a cumplir con sus funciones de contralor. Lamentamos tener entes de control que están al servicio de intereses corporativos y personales. 

La Asociación Civil en defensa del Derecho de la ciudadanía solicita la conformación de una Comisión Investigadora conformada por los Diputados a los efectos de deslindar responsabilidades y analizar si los miembros han estado cumpliendo con sus funciones constitucionales de contralor. Y en caso de que no lo hayan estado haciendo se tomen las medidas correctivas previstas en la Constitución Provincial como la del juicio político.- 

Si queremos crecer como nación es necesario e imperioso que haya claridad y transparencia en los actos públicos. La patria del bicentenario lo exige.