Publicado: 09-09-2011 
  
Tucumán.- El barrio del Ipvdu está cerca del canal que bordea la Bernabé Aráoz.

La firma Omodeo SA ha negado haber obrado de mala fe contractual en el caso de la no construcción de cuatro viviendas, de un total de 66 presupuestadas, en un barrio del sur de la ciudad.

Mediante un escrito que entregó a LA GACETA, la compañía sostuvo que en todo momento el Tribunal de Cuentas (TC) ha estado al tanto de los cambios en la planificación y en la ejecución de la obra; que la empresa, incluso, tiene con el Estado provincial, no una deuda, sino un acreencia por estos trabajos de $ 43.404; y anticipó que impugnará la acordada 2.346 y que presentará acciones civiles y penales contra quienes la dictaron.

En la acordada 2.346 del TC, firmada por los vocales Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal,el órgano aplicó multas al personal jerárquico del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) por no haber advertido que Omodeo SA iba a entregar un barrio con 62 viviendas, pese a que había facturado 66.

En su acordada, el TC entendió que la omisión del debido control técnico administrativo por parte de los empleados del organismo de vivienda fue por negligencia. "Tenían conocimiento de que se estaban certificando trabajos que no se habían realizado", dice el acuerdo.

En el documento, el TC, además de advertir una supuesta sobrefacturación, apunta a una presunta connivencia de los empleados del Ipvdu en la maniobra. "Omodeo SA en todo momento supo que no había construido 66 viviendas, sino que construyó 62, y no obstante ello confeccionó los certificados de obra como si estuviera construyendo o hubiese construido la totalidad de las casas", dice el TC.

La compañía refutó lo afirmado por el organismo de contralor. "La imposibilidad de construir cuatro viviendas fue expuesta por Omodeo SA en el replanteo de la obra (el 25 de junio de 2005), debido a que un sector del terreno provisto por el Ipvdu estaba ocupado por un pequeño asentamiento irregular", dice la respuesta de la firma.

Según el escrito, ante esta situación, el Ipvdu propuso la elaboración de un nuevo plano de conjunto, en el que se consideraban solamente 62 unidades habitacionales. "Esta documentación fue entregada a Omodeo SA por el propio Ipvdu el 16 de noviembre de 2005, un año antes del supuesto descubrimiento del TC de tal situación, por lo que no hubo ningún tipo de ocultamiento", aclara Omodeo SA.

Esta modificación de la obra impuso una disminución o economía de la obra contratada en cuatro viviendas. "Simultáneamente, Omodeo SA se vio obligada a cumplir con trabajos adicionales que plantearon demasías de obra (el terreno pertenecía a Gas del Estado y tenía tuberías y demás construcciones subterráneas que la constructora debió quitar para sanear los cimientos), que fueron ejecutadas con anterioridad a la observación del TC", dice Omodeo SA.

La compañía sostiene que frente a esta situación el propio Ipvdu plantea la solución compensando las economías con las demasías de obra, en la resolución 4.272 del 5 de julio de 2007. "(En esta resolución), el Ipvdu aprueba, por un lado, la economía de obra, en relación con las cuatro viviendas que se resolvió no ejecutar por la suma de $ 224.874,88; y, por el otro, trabajos adicionales ejecutados por $ 268.279,19, arrojando ello una diferencia a favor de Omodeo SA de $ 43.404,71", dice la firma.

Omodeo SA, inclusive, advierte que esta resolución del Ipvdu fue objeto de un control preventivo del TC. "Mediante el acuerdo 1.708, del 19 de julio de 2006, el TC no formuló oposición a la resolución del Ipvdu. Lejos de haber un perjuicio patrimonial al Estado, es el Ipvdu el que debe a Omodeo SA", agrega.

La constructora también planteó que es llamativo que el TC haya dictado recién tras cinco años el acuerdo 2.346, en el que desconoce su propio acuerdo 1.708. "El acuerdo 2.346 contiene consideraciones falsas e improcedentes y es dañoso para Omodeo SA", concluye la firma.