Publicado: 10-08-2014

La advertencia de la AGN:

"El sistema penal juvenil está concebido para castigar, producir daño y lo hace con eficacia. Hay que entender que el daño, en algún punto, está concebido por la sociedad que vota a los legisladores que deciden el destino de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal". Así se expresó ante Gestionpublica.info el abogado y ex director del programa de estudios de la UBA en cárceles federales, Leandro Halperín, quien fue consultado a partir de un informe de la Auditoria General de la Nación (AGN) donde se visibiliza las precarias condiciones de los centros de encierro para chicos menores de 18 años.

La AGN analizó la gestión del programa de la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tal como publicó el portal www.elauditor.info, "un apartado del informe hace referencia a las 'deficiencias en los trámites de sumarios a operadores del sistema penal juvenil".

La AGN estuvo presente en los Centros de Régimen Cerrado (CRC) para jóvenes Belgrano, Agote y Roca. Los auditores analizaron una muestra de sumarios efectuados al personal por mal desempeño en dichas instituciones. El organismo de control detectó diversas falencias en la materia como por ejemplo, la excesiva tardanza de una "denuncia ante el posible abuso de un adolescente alojado". "Varias citaciones 
repetidas se podrían haber evitado", alertó la AGN.

Halperín explicó que si bien las áreas competentes de velar por los derechos de los niños y niñas en condiciones de encierro hacen visitas, el interrogante es "qué hacen cuando ven algo". Consultado 
respecto al rol de la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, fue contundente: "Visitar un lugar de detención no es suficiente para hacer las cosas bien. Ahí encontramos un agujero negro".

"En los centros de detención tanto para jóvenes como para adultos, el Estado viola los derechos humanos a diario", indicó Halperín. Según destacó, "es necesario aminorar el daño que los centros de encierro producen en los adolescentes, en primer lugar porque tienen derecho a que el sistema penal juvenil les brinde oportunidades para retornar al medio libre de manera pacífica,pero también por nosotros, porque esos chicos y los adultos que están en contextos de encierro cuando salen lo hacen en peores condiciones que antes de ingresar en estos lugares".

En materia edilicia, la Auditoría indicó que en el mismo centro, "hay problemas de pintura, humedad y electricidad". Además, los auditores advirtieron "deficiencias en los baños, faltante de manipostería en las ventanas y que no hay manguera contra incendios".

"Es preciso impulsar políticas de Estado serias a mediano plazo, planificadas por quienes hoy están en el gobierno y en la oposición junto con organizaciones especializadas en la materia, que generen posibilidade de reinsertarse en la sociedad desde otro lugar", sostuvo Halperín quien destacó el rol de los organismos de control para visibilizar las condiciones en las que viven los chicos en estos lugares de encierro: "Que la AGN pueda ejercer su función y verificar el trato en estos espacios, me parece un avance. Que el informe llegue a la sociedad cuando se vulneran los derechos también es un avance. Pero sería un gran avance que los responsables del Poder Ejecutivo de estas áreas cuando no respetan la ley paguen el costo de violentarla".

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