El ex ministro de Bienestar Social, Santiago Eduardo Alvarez, fue indagado por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que prima facie no pudo demostrar un incremento patrimonial de algo más de 1.700.000 pesos, pero eligió no hablar. Acompañado por su abogado Francisco Marull, se apersonó al Juzgado de Instrucción 6 y le dijo al juez Nestor Daniel Ralli que no declararía.

La estrategia defensiva del silencio parece clara. Patucho apostaría a dejar pasar el tiempo y recién después resolver si abre o no la boca. La indagatoria le permitió algo que hasta ahora tenía vedado, acceder al expediente. El y su abogado ya pueden mirar en detalle cuáles son las pruebas e indicios que hay en su contra.

Sin embargo, para leer la prueba que puede ser clave para el futuro de la causa deberá esperar alrededor de un mes. Se trata de la pericia contable que están realizando dos peritos oficiales. Ambos le solicitaron al juez, en los últimos días, una documentación anexa que Ralli está tramitando. Cuando concluyan con su trabajo -fuentes confiables aseguraron que "falta poco"-, el juez último tendrá mucho más claro cuáles son los alcances del presunto enriquecimiento.

La indagatoria a Patucho le fue tomada en los últimos días de abril, aunque la información recién trascendió ayer. Ralli le leyó la promoción de la acción penal de la fiscal Alejandra Ongaro y la resolución del Tribunal de Cuentas, del 13 de junio de 2005, imputándole que no pudo demostrar mejoras patrimoniales por 1.727.153 pesos. Además se le mencionó el tema de las acciones (ver aparte).

El juez había citado por primera vez a indagatoria al ex funcionario marinista en febrero, pero después suspendió el acto a la espera del peritaje. Con ese llamado, más allá de no cumplirse, logró cortar de raíz cualquiera posibilidad de que la acción penal prescribiera. Alvarez venía especulando desde hace tiempo con esa posibilidad, aduciendo que pasaron más de seis años -el tiempo máximo de la pena de enriquecimiento- desde que se produjo el supuesto hecho delictivo.

Como el enriquecimiento es un delito que se comete estando en la función pública, Patucho apostó a que como dejó de ser funcionario provincial el 20 de septiembre de 2002 -en ese momento renunció como vocal del directorio del Ente Provincial del Río Colorado para asumir en el Programa Federal de Salud de la Nación-, cuando fue llamado a indagatoria habían pasado más de seis años.

Pero difícilmente prospere ese planteo -si es que decidiera presentarlo por escrito en el expediente- por dos motivos. Uno es que el Código Penal dice que el enriquecimiento se investiga "hasta dos años después de haber cesado en su desempeño", lo que implicaría que habría que contar los seis años a partir del 20 de septiembre de 2004. El otro, que durante ese tiempo retuvo un cargo en la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Educación de La Pampa, o sea que siguió siendo funcionario público, ya que en el fuero penal esa denominación incluye a quienes son designados políticamente y al personal menor jerárquico de la administración pública. Antes, hasta el 10 de diciembre de 1999, había sido ministro de Bienestar Social en el gobierno de Rubén Marín, hasta que fue reemplazado por Marta Cardoso. Ella, el día que asumió, dijo una frase que muchos aún recuerdan: "No me gusta tener corruptos al lado mío".

Cuatro años.

La investigación sobre Patucho viene de larga data. De hecho, el supuesto enriquecimiento fue advertido hace cuatro años por el TdeC y denunciado por el gremialista Omar Lara. ¿Qué pasó en estos años? De todo un poco. La inacción del propio Tribunal de Cuentas para promover la denuncia penal, los cinco meses que estuvo dando vueltas el tema en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (cuando su titular era Enrique Romero Oneto), el pedido inicial de Ongaro para que la causa pasara del juez Jorge Howe a su colega Carlos Flores, las "chicanas" defensivas para estirar los tiempos, las dificultades que tuvo Howe para obtener información y el vacío que quedó en el tribunal luego de su renuncia.

La causa recién fue reflotada en diciembre pasado cuando Ralli -sustituto de Howe- allanó la vivienda particular del imputado y el estudio contable que lleva sus números, de donde la policía se llevó registros contables de 2000 a 2004.

Alvarez, en las declaraciones juradas presentadas ante el TdeC, dijo que tenía acciones, animales, propiedades y vehículos. En la justicia siempre supieron que sería difícil seguir la ruta de los papeles y los vacunos porque allí las huellas suelen desaparecer.

El Tribunal de Cuentas le objetó a Alvarez la declaración del 3 de febrero de 1992 porque no pudo demostrar un incremento de 81.136 pesos, la del 28 de diciembre de 1995 por 285.643,20; la del 3 de enero de 2000 por 194.786,38; la del 30 de agosto de 2001 por 267.211,70 y la del 30 de septiembre de 2002 por 898.375,80 pesos. Así sumó los 1.727.153 pesos que Patucho debe demostrar cómo entraron a su patrimonio, ya que el enriquecimiento es una figura penal donde se invierte la carga de la prueba. Si no lo hace, tendrá más dificultades.