La mayoría avaló que el Tribunal de Cuentas enjuicie a funcionarios. Otros dicen que no es competente.

 

El intento de Fiscalía de Estado por impedir que el Tribunal de Cuentas siga enjuiciando a los funcionarios para que paguen con su patrimonio cuando le ocasionan un daño económico al Estado, generó distintas reacciones entre los abogados. Cuatro de los seis especialistas que fueron consultados ayer por Diario de Cuyo, aseguraron que el organismo de control debe seguir ejecutando ese tipo de procedimientos. El Foro de Abogados se puso en esa línea, pero su presidente advirtió que hacen falta algunos cambios en la legislación para evitar dudas sobre la constitucionalidad de los procedimientos.

 

La polémica que hay por la legalidad de los juicios administrativos contra los funcionarios públicos y agentes del Estado fue el tema de conversación ayer en el ambiente judicial. Se desató el martes, cuando el fiscal de Estado, Mario Díaz, anunció que planteará enla Cortede Justicia le inconstitucionalidad de la ley que habilita al Tribunal de Cuentas a condenarlos a que paguen de su bolsillo cuando le hagan perder plata a la provincia. Posición que desató fuertes críticas del presidente del organismo de control, Isaac Abecasis.

 

La reacción de los abogados que objetan esa movida no se hizo esperar. El constitucionalista Oscar Cuadros fue más allá de lo jurídico y dijo que "llama la atención que se vaya a hacer este plantear justo cuando el Tribunal de Cuentas está haciendo un trabajo eficiente controlando a los funcionarios".

 

Alberto Bustos, ex presidente del Foro de Abogados, opinó que la facultad de establecer la responsabilidad patrimonial de los funcionarios "está contemplado en el artículos 43 dela Constitución". "De ninguna manera es inconstitucional lo que hace el Tribunal de Cuentas, quieren que no existan los organismos de control", sostuvo el profesional en sintonía con Cuadros.

 

El ex ministro dela Cortede Justicia Gustavo Sambrizzi dijo no conocer el argumento por el que se pediría la inconstitucionalidad, pero defendió la tarea del organismo de control. "En principio dijo que se le cortaría las manos a un organismo que cumple una tareas muy importante, es como hablar de más controles y que en la la práctica se haga todo por tener menos controles", agregó.

 

El presidente del Foro de Abogados, Carlos Vila, propuso un cambio en la ley para que los juicios de responsabilidad "no tengan valor de cosa juzgada, sino que sea una prueba en un juicio ordinario". Pero rápidamente aclaró que, salvado ese tema, "no se le puede quitar al Tribunal la facultad de hacer un proceso administrativo y determinar la responsabilidad de un funcionario".

 

A favor del planteo que por estas horas prepara Fiscalía opinaron dos abogados que participaron en procesos de reformas constitucionales: Rubén Pontoriero y Guillermo De Sanctis, este último hoy asesor del gobernador.

 

Los dos coincidieron en que el Tribunal de Cuentas debería limitarse a investigar y señalar el responsable del perjuicio contra el Estado y posteriormente, enviar las actuaciones a Fiscalía de Estado para sea este organismo el que cobre mediante un juicio ordinario.