La Ciudad de Buenos Aires presenta muchas dificultades para transitar sus calles y veredas y acceder, sobre todo, a escuelas, comercios y lugares de concurrencia masiva.

El caso más alarmante se da en los colegios. En un relevamiento realizado por la fundación Acceso surgió que el 27% tiene accesibilidad total; el 50,7% cuenta con las condiciones básicas, pero el 22,3% de las escuelas porteñas no tiene ningún tipo de facilidades para personas con movilidad reducida. Ya en 2006, la Auditoría General de la Ciudad denunció que el 75% de los establecimientos educativos no eran accesibles.

“Nuestro propósito es lograr que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apruebe un código de edificación social que sea progresivo en materia de accesibilidad e inclusión, en base al trabajo que la Fundación realiza desde hace casi dos décadas”, expresaron desde Acceso Ya, en diálogo con GestionPublica.info.

En 2011, dicha organización de la sociedad civil ganó un amparo colectivo en el que la Justicia expresó que “es un deber del gobierno porteño garantizarla en todas las escuelas, tanto públicas como privadas”, en virtud de lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras normas.

Por esta razón, se acordó modificar el artículo 3.8.4.1.1 del proyecto sobre el nuevo código de edificación, reemplazando el “podrá” por “deberá”. El mismo indica que “la autoridad de aplicación deberá evaluar las posibilidades de adaptación y autorizar soluciones alternativas para asegurar las condiciones admisibles de accesibilidad”.

Asimismo, pidieron que se modifiquen las normas de la Ciudad y pase a ser el mismo gobierno el responsable del mantenimiento de las veredas. También se solicitó que los hogares de adultos mayores y los tutelados garanticen este derecho.

“Cada uno de los integrantes expuso sus ideas y experiencia de trabajo para evaluar las correspondientes modificaciones que deberían tenerse en cuenta”, afirmaron.

En la sesión estuvieron presentes miembros de la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI), Fundación Rumbos, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Centro de Investigación y Asesoramiento sobre el Hábitat Gerontológico de la Sociedad Central de Arquitectos, Defensoría del Pueblo y diputados de la comisión de Planeamiento Urbano que intervienen en el proyecto.

Accesibilidad en la Ciudad

En 2010, la Auditoría General denunció que “había hogares para personas con discapacidad que recibían subsidios, no estaban habilitados y sus instalaciones no eran aptas”.

Este mismo organismo, en 2014, recorrió 14 museos y encontró que “ninguna de las salas culturales cumple con las exigencias establecidas por la Ley Nº 962”, en lo que refiere a las condiciones de comodidad para las personas con movilidad reducida.

Por último, en 2017, Acceso Ya denunció que “el 66% de las estaciones de subte no contaba con ninguna opción para las personas con discapacidad”.