Es a la del Niño y el Adolescente, que podrá ser querellante en casos de delitos contra los menores. Los bloques mayoritarios de la Legislatura suscribieron ayer un despacho conjunto para habilitar su tratamiento en el recinto.

Neuquén.- La Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente está a un paso de poder actuar como parte querellante, en forma obligatoria, gratuita y en defensa de todos los niños, en los casos de delito en que sea víctima un menor sobre la Ley 2.302.

Esto se debe a que la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió ayer por unanimidad un despacho que recomienda a la Cámara aprobar el proyecto consensuado entre las iniciativas del bloque del Movimiento Popular Neuquino y la de Marcelo Inaudi de la Concertación, sobre la obligatoriedad del Estado de garantizar un abogado oficial de la Defensoría al niño abusado sexualmente.

Antes de emitir despacho, la comisión recibió a la defensora de los Derechos del Niño, Nara Osés; miembros del Poder Judicial, como el Defensor ante el Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Tomás Gavernet y el ex defensor del Menor, Gustavo Palmieri, y a un grupo de integrantes del Foro en Defensa de la Ley 2.302 y del número 102 del Castro Rendón, quienes trabajan y detectan a los niños en situación de abuso.

La modificación del Artículo 96 del Capítulo VI del Título IV del Código Procesal Penal de la Provincia, que esta iniciativa propone, permite que el menor o adolescente víctima del delito acceda a la representación del defensor de los Derechos del Niño y del Adolescente desde el primer momento de la investigación y durante todo el proceso para que represente sus intereses; de no ser así el proceso puede caer "bajo pena de nulidad".

La modificación de la ley también establece que la intervención del defensor "quedará sin efecto en caso de que el representante legal del niño se presente en carácter de querellante particular".

Durante la reunión también se retomó el proyecto que reformula el Artículo 225 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización reiterada de entrevistas testimoniales en Cámara Gesell para causas de violencia y abuso sexual de menores.

Además, comenzó el tratamiento de dos iniciativas que proponen la creación de una base de datos de huellas dactilares para mejorar la forma de combatir el delito, una presentación por la ex diputada Olga Saldías y otra por Marcelo Inaudi.