Río Cuarto. Era grotesco el trazo del número 3 agregado adelante del monto de una factura de criollitos, presentada por el bloque de concejales oficialista. 

A Mauricio Roquetta, joven integrante del departamento técnico de la secretaría de Economía, le llamó la atención que los nueve integrantes de la comisión del Concejo Deliberante hubieran ingerido, en una mañana, bizcochos (lo que en Córdoba Capital se conoce como criollitos) por 312 pesos. Fue personalmente a la panadería en cuestión, a cotejar la boleta. Comprobó que la venta había sido por 12 pesos y no por el importe rendido por la bancada mayoritaria. Con la anuencia del Ejecutivo, hizo la denuncia a fines del año pasado. 

Ayer, Gustavo Segre, presidente del bloque de ediles Río Cuarto para Todos y su secretaria, Verónica Abasolo, fueron imputados por el fiscal de Instrucción Julio Rivero como presuntos autores de "fraude en perjuicio de la administración pública", en grado de tentativa, así como por "uso de documento privado adulterado", (delitos agravados en el caso del concejal). 

Segre, quien sería indagado mañana, deslindó responsabilidades en su secretaria, a quien apartó del cargo apenas circularon rumores sobre la maniobra. 

El concejal, profesor universitario, dijo que nunca imaginó que el caso llegaría a Tribunales, pero siente la conciencia tranquila y entiende que la imputación le permitirá defenderse. 

El intendente Juan Jure se limitó a destacar que el hecho fuera detectado en el Ejecutivo y remitido a la Justicia para esclarecer la situación. 

A todo esto, en medio del escándalo de los criollitos ayer se supo que el Tribunal de Cuentas también objetó una serie de gastos "imputados de manera incorrecta" por el Concejo. 

Según la documentación que llegó a los tribunos, correspondiente al mes de mayo del 2009, el cuerpo deliberativo pagó con recursos de su "caja chica", una torta de cumpleaños para una concejal (que costó 60 pesos), sandwiches, y otros productos de panadería para festejar. 

Juan Carlos Angeloni, vocal del Tribunal (por el oficialismo) sostuvo que las órdenes de paga fueron observadas por "errores administrativos" que incluso ya habían sido advertidos por Economía. Precisó que el gasto por cumpleaños eventualmente debió imputarse a una partida de "protocolo". 

Por otra parte, mencionó que el Concejo Deliberante les aclaró que pagó con fondos públicos el lavado del auto del presidente del cuerpo, Eduardo Yuni, "porque el edil usó su vehículo particular debido a que el oficial estaba roto". 

Angeloni agregó que también detectaron una factura por compra de diarios "que estaba retocada con líquido corrector".