Los cambios proyectados implican reconvertir al actual Onabe (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado), no sólo renominándolo, sino fortaleciéndolo con las facultades de “planificar, regir, ordenar, supervisar y controlar la gestión integral” de los activos de la Nación. Esto supone que el ente en creación no se limitará al rol inmobiliario, sino que también tendrá injerencia en cómo disponer de aquellos bienes que están en uso y que podrían tener un destino diferente, con miras a “optimizar” y “racionalizar” su uso.

Los planes oficiales incluyen dejar al frente del nuevo organismo al actual titular del Onabe, el profesor de historia y kirchnerista de la primera hora Fernando Suárez, que ejercerá su nueva función con rango de subsecretario de Estado. La primera delicada misión será la de organizar un inventario con el nivel de precisión que esta imprescindible tarea requiere y que, al decir de varias voces ligadas al tema, no estaría hoy debidamente ejecutada: es un misterio saber exactamente qué bienes tiene el Estado y cuánto valen. También tendrá que “conducir el servicio de auditoría de bienes del Estado Nacional”, relevantes tareas para las que dispondrá de las partidas asignadas por el Presupuesto nacional, los cánones que cobre por la explotación de activos públicos y el 10 por ciento sobre el precio de venta de cada inmueble.

Quien hoy debe definir el precio de los activos a liquidar es el Tribunal de Tasaciones de la Nación, ente creado por ley, con un staff de ochenta profesionales y presupuesto anual de 4,5 millones de pesos. El organismo depende directamente de Obras Públicas, pero la movida lo dejará bajo la órbita de Suárez o quien lo suceda al frente del Orbe, cuestión que genera cierta inquietud entre sus técnicos.

“No puede ser que el tasador dependa del que vende”, objetan en el Tribunal. La incomodidad se genera porque no siempre hay coincidencias dentro del Estado acerca del valor de las propiedades que pretenden liquidarse o concesionarse. Un ejemplo claro es lo que ocurre hoy con el predio de la Sociedad Rural, que en 2005 los tasadores públicos valuaron en 182 millones de pesos (equivalentes a unos 60 millones de dólares), el doble del valor al que se vendió, pero muy por debajo de los 130 millones que estimaron peritos judiciales que entienden en el expediente que revisa esta privatización. Otro caso fue la concesión de la fábrica de aviones Area Material Córdoba a la norteamericana Lockeed por un canon de 900 mil dólares, cuando el Tribunal había indicado que esa contribución debía llegar a los tres millones de dólares.

Desde el Onabe –donde se gesta el proyecto de decreto que dará luz al robusto Orbe– se asegura que no hay intenciones de su-bordinar al Tribunal que, justamente, ha tenido una destacada intervención en la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. Fue el que fijó un precio negativo de ambas compañías en 832 millones de dólares, lo que permite expropiarlas pagándole a Marsans el valor simbólico de un peso.

Pero que ese cuerpo creado por ley quede subsumido en un organismo fundado por decreto es por lo menos una extrañeza legal que reanima la historia sobre otros intentos anteriores de erradicar el Tribunal. Uno fue el decreto que Carlos Menem firmó en 1996, finalmente suprimido por otro. La otra embestida tuvo lugar en 2001, cuando Fernando de la Rúa firmó una instrucción presidencial” para fulminar el Tribunal, que el Congreso finalmente desechó por unanimidad.

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias heredó el patrimonio del riel no afectado a las concesiones de servicio vigente y que hasta ahora estuvo gerenciando el Onabe, en plena metamorfosis. Esta entidad tendrá grandes potestades para disponer, sin licitación ni otro límite que el criterio de sus administradores a quién, cómo y a cuánto vender un listado de propiedades cuya envergadura aún no es posible conocer con detalle mediante ningún registro público.