Buenos Aires.- La investigación judicial sobre la empresa constructora Skanska, que trata de determinar si se pagaron coimas y se evadieron impuestos en la contratación de obras públicas nacionales, volvió a recuperar protagonismo en las últimas horas.

El pedido deberá ser resuelto por el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo ahora del expediente. El matutino "Clarín" publicó que la Oficina Anticorrupción (OA) pidió a la Justicia el embargo de todos los bienes que tenga Skanska en la Argentina, hasta cubrir una suma superior a los $ 34 millones.

El de Skanska fue uno de los mayores escándalos del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y hace dos años les costó el cargo a dos de sus funcionarios: el ex -titular del Ente Nacional Regulador del Gas, Fulvio Madaro, y al ex administrador de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. Fueron los primeros funcionarios nacionales de la era "K" que se alejaron salpicados por sospechas directas de corrupción. Ambos se fueron del Gobierno luego de que el fiscal Carlos Stornelli (hoy en uso de licencia ya que es el ministro de Seguridad bonaerense) pidió que sean indagados.

La presentación de la OA está dirigida a Skanska como persona jurídica y tiene como fin inmovilizar fondos y propiedades ante una eventual condena que recaiga sobre la empresa por los sobreprecios que cobró del Estado para la ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur. Esos sobreprecios habrían ocultado el pago de coimas, según sospecha la Justicia. El ex juez federal Guillermo Montenegro (actual secretario de Seguridad porteño) dijo, cuando intervenía en la causa, que existía la presunción de que se pagaron comisiones indebidas a funcionarios.