Obstaculizar el funcionamiento de los controles independientes es una de las estrategias que se llevan adelante para mantener el uso arbitrario de los recursos públicos y encubrir posibles actos de corrupción.

Esta operatoria ha sido empleada por diferentes organismos de la órbita del Poder Ejecutivo y ha impedido que la Auditoría General de la Nación (AGN) -un cuerpo de control dependiente del Poder Legislativo y presidido, como lo establece la Constitución nacional, por un representante de la oposición- pueda acceder a la información indispensable para supervisar los actos de la administración pública. Un ejemplo revelador de esta actitud reticente es el mantenido por la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo del Ministerio de Salud de la Nación que se encuentra investigado por la Justicia por las irregularidades advertidas en el reparto de sumas a las obras sociales.

Hace aproximadamente un año y medio, la Auditoría anunció que realizaría una revisión de las actuaciones de la APE, pero este relevamiento no ha podido concluirse por la resistencia de la APE a entregar información, obligando al cuerpo de contralor a recurrir a la Justicia para que por esa vía se obligue al organismo administrativo a la entrega de datos. Las dificultades para acceder a la información necesaria impiden avanzar en la supervisión del uso de los fondos; sin embargo, ha quedado en evidencia que en la APE se mantiene un sistema de ocultamiento de la información que ampara irregularidades graves en la disposición de recursos públicos, los cuales, en 2010, ascendieron a mil millones de pesos.

Es imperioso, entonces, que el Estado en todas sus dependencias garantice la transparencia y el acceso a la información, como modo de control y de lucha contra la arbitrariedad y la corrupción. También es imprescindible que se arbitren dispositivos de control interno profesionales, que impulsen un uso legal y racional de los recursos estatales y que los diferentes organismos cooperen en los controles externos.

Según la Auditoría General de la Nación, organismos de la órbita del Ejecutivo obstaculizan los controles que son parte de la lucha contra la corrupción. El Estado debe garantizar la transparencia.