Intervenida desde 2003, la Administración General de Puertos no sale bien parada en las auditorías públicas. Hay problemas contables y relajamiento de los controles

Desde que la Auditoría General de la Nación (AGN) audita los estados contables de la Administración General de Puertos (AGP) -el primer informe fue en diciembre de 1994- la calificación fue siempre la misma: abstención de opinión. En todos los balances y por circunstancias parecidas.

La AGN es el organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público. Verifica el cumplimiento contable, legal y de la gestión del organigrama del Poder Ejecutivo, y controla la veracidad de las cuentas públicas una vez finalizados los ejercicios contables. Su accionar se enmarca en la ley de administración financiera (ley 24.156) y en el artículo 85 de la Constitución Nacional.

Sus informes de auditoría incluyen opiniones y recomendaciones sobre cómo ser más eficientes en los gastos e ingresos públicos, y son remitidos a la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas del Congreso.

En los informes contables sobre la AGP, se abstuvo de opinar. "Es la peor de las calificaciones porque, en concreto, no hay base para opinar. Es más grave abstenerse que dar una opinión negativa. En el caso de la AGP no se puede llegar a realizar recomendaciones con la información de base", indicaron altas fuentes de la AGN a LA NACION.

"En lo financiero, se está a ciegas con la información contable desde 2002 a esta parte. El sistema no provee insumos; qué se hizo con los ingresos; dónde se gastó. Si bien entendemos que la AGP manda sus presupuestos e informa sobre su ejecución, es información propia, sin auditoría externa", destacaron.

El otro gran organismo auditor, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), responde al Poder Ejecutivo, y se encarga de dictar y aplicar normas de control interno y de coordinar auditorías financieras, de legalidad y de gestión.

Los últimos informes de la Sigen respecto de la gestión de la AGP coinciden mucho con las auditorías realizadas por la AGN: hay demasiada irregularidad y muy poca confiabilidad en los circuitos administrativos y en los sistemas de información.

Tras diez abstenciones de opinión (correspondientes a los estados contables de los ejercicios correspondientes a los años que van desde 1993 a 2002), la AGN decidió, en 2003, suspender las auditorías. Ese año, el decreto 19 cambia la denominación de la AGP (que se encontraba hasta entonces "En Liquidación") y pasa a estar "intervenida" por una gestión que sigue hasta la fecha, encabezada por Luis Diez.

"Ese año, deciden cambiar de sistema contable y contratan uno nuevo, el GIGA, pero lejos de solucionar las cosas generó más inconsistencias con la información contable. Por eso, decidimos suspender la auditoría y desde entonces no tenemos más conocimiento de los números de la AGP. Estamos a ciegas", manifestaron en la AGN.

Se auditó el GIGA también, y las conclusiones fueron que persistía una "falta de integridad en la información almacenada, así como relajamiento de sus controles internos, a lo que se agrega que es alimentado con datos provenientes de sistemas manuales y computarizados que no han sido aprobados formalmente".

Uno de los mayores escollos que les impedía a los auditores avanzar con los informes se vinculaba con los bienes de uso, que dan cuenta de casi el 78% del capital de la AGP. No podía identificarse la cantidad y la situación jurídica de éstos. La AGP contrató a la Universidad de Buenos Aires para encarar un saneamiento registral, pero el acuerdo no prosperó.

Otro de los grandes motivos de la abstención del auditor de opinar se refiere a los movimientos financieros. "En concreto, no se podían validar los saldos, no teníamos la documentación para afirmar que eran razonables", ampliaron.

Juicio con la ciudad

También se informó de un gran juicio con la ciudad de Buenos Aires por Ingresos Brutos, en reclamo de una deuda que roza los 70 millones de pesos. La disquisición jurídica sobre si correspondía a un puerto bajo la órbita nacional tributar impuestos a la ciudad llevó la situación a los tribunales. La determinación de deuda realizada por la ciudad en concepto del impuesto más las multas, para el período que abarca desde 1989 hasta 1999, "no ha sido reflejada en notas a los estados contables", señala, por ejemplo, el informe publicado en 2003, correspondiente al ejercicio finalizado en 1998.

¿Qué consecuencias tiene no emitir una opinión sobre la contabilidad de un organismo como la AGP? "La gravedad hay que medirla según la utilidad que pueda tener esa información contable. Estamos parados desde 2003, y antes de esa fecha no pudimos opinar. No sabemos los números de la empresa porque no hay un sistema confiable que dé números confiables", repitieron desde la AGN.

El camino administrativo que recorren los informes de la AGN incluye, como primera parada, la Comisión Bicameral. Estas auditorías también fueron giradas a la misma AGP y al ministerio al que pertenece (Planificación Federal), a la jefatura de Gabinete de Ministros y a la Sigen.

"La Comisión Bicameral está al tanto que la persistencia en la abstención de opinión dificulta el control interno y la AGN estimó pertinente exigir la regularización. No tenemos facultades para sancionar. En el último informe girado a la Bicameral, el de 2002, indicamos que no teníamos conocimiento de que la AGP hubiera implementado nuestras recomendaciones y que era el décimo informe con abstención de opinión", explicaron los auditores.

Cabe recordar que el informe corresponde al ejercicio culminado en diciembre de 2002. La publicación de éste fue en diciembre de 2006.

¿Por qué se abstenían de opinar?

Los motivos son muy similares: falta de documentación respaldatoria; atrasos e inconsistencias en la información suministrada, y bajo grado de confiabilidad en los sistemas y circuitos administrativos contables, que no permitieron aplicar la totalidad de los procedimientos de auditoría, entre otros.

Pero, por ejemplo, los auditores señalaron, respecto de los estados contables de 1997, que la AGP "valuó sus estados contables sobre la base del criterio de Empresa en Marcha", cuando había sido declarada "sujeta a privatización y en disolución".

La AGN informó también sobre otros aspectos no contables de la AGP y que tienen que ver con la gestión del organismo y, sobre todo, con lo que hace al control de las concesionarias de las terminales de Puerto Nuevo.

El último de esos trabajos que fue publicado consistió en una revisión del cumplimiento de las condiciones contractuales de la Terminal 4, durante 2001 y 2005. La AGN concluyó que fallaba el control en materia de garantías, seguros, cumplimientos de requisitos patrimoniales y el plan de mantenimiento.

La Auditoría está esperando el descargo de un informe ya finalizado también, pero en relación con la Terminal 5. "Fueron hechos prácticamente en simultáneo, así que creemos que las conclusiones serán similares", indicaron desde la AGN.

Respecto a las contrataciones realizadas por la AGP entre 2003 y 2004, se observaron irregularidades en un convenio que la AGP celebró con la Dirección de Vías Navegables: "No se verificaron las condiciones técnicas de los buques comprometidos previo a la suscripción del convenio", y destacan a propósito que en diciembre de 2005 se encontraban en operación menos buques de lo que preveía el contrato.

"De un total de tres dragas de succión por arrastre y dos dragas a cangilones sólo estaban operativas una draga por arrastre y una a cangilones. Asimismo, las embarcaciones no contaban con las certificaciones de la Prefectura Naval Argentina", sintetiza el informe, publicado en 2007.

En la Sigen

Por su parte, la Sigen publicó en 2008 dos informes sobre la AGP: uno vinculado con la gestión de 2007 (en junio) y otro referido a los permisos de uso otorgados (de marzo).

La auditoría de la gestión de 2007 arroja conclusiones muy similares a las que llegó la AGN. Señalan que la AGP "carece de manuales de procedimiento y «cursogramas» actualizados para su gestión administrativa" y que, además, "tampoco cuenta con un plan anual de compras y de contrataciones adecuado".

Respecto de los juicios que enfrenta (al amparo de los decretos 1197/04 y 1409/06, firmados por Néstor Kirchner, que les reconocen la jubilación a los ex trabajadores portuarios), la Sigen advirtió "irregularidades respecto de las certificaciones de servicios y la causa penal iniciada con relación a éstas cuya implementación, y aporte patronal, corresponde a la empresa. Dadas las irregularidades ocurridas en el cumplimiento de los citados decretos y la escasa información obtenida en lo relacionado con la cantidad de beneficiarios del sistema implementado, impide evaluar la incidencia que puede tener en el presupuesto de la AGP".

La Sindicatura añade, además, que la AGP elaboró estados contables "provisorios" correspondientes al ejercicio 2007 y que éstos "no cuentan aún con el informe de la AGN". Y destaca la "incertidumbre en los activos de la sociedad [bienes de uso-titularidad dominial] que representan, aproximadamente, un 78% del total del activo, conforme al último dictamen de los estados contables efectuado por la AGN".

"La demora en la consideración de los estados contables por parte del accionista retrasa la normalización de las actividades societarias y puede afectar la toma de decisiones", advierte la Sindicatura.

Tanto la Sigen como la AGN alertaron sobre el incumplimiento de las obligaciones asumidas en los pliegos por parte de las concesionarias de las terminales portuarias. Por caso, no se instrumentó nunca el artículo 59 del pliego de bases y condiciones, "lo que produce demoras y posibles errores, atento a que la carga debe realizarse en forma manual". Ese artículo se refiere a la creación de una red física para el intercambio de información entre la AGP y las terminales.

Estructura orgánica

El informe concluye en que la Sociedad "no cuenta con un estatuto y una estructura orgánica acorde a sus actuales funciones, ni con los manuales de procedimiento para su gestión, y tiene deficiencias en los sistemas administrativo-contables, lo que determina que el ambiente de control resulte inadecuado".

Asimismo, en el informe sobre los permisos de uso, la Sigen sugirió que la AGP deberá fortalecer el control y el seguimiento de todos los permisos de uso, tras haber hallado una "ausencia de análisis económicos que sustente los montos asignados a los predios, la falta de una adecuada cobertura de riesgos, la insuficiencia de las garantías existentes y la carencia de un control ulterior de las obligaciones asumidas por los permisionarios".