Publicado: 06-05-2012 
  
A pesar de lo dispuesto en la ley de medios audiovisuales, es difícil establecer con precisión quiénes son los dueños de la mayor parte de las emisoras de radio y TV porque no se cumple con la obligación legal de publicar una "carpeta de acceso público" en Internet con información sobre sus dueños y su proyecto comunicacional. Y ésta es sólo una de las transgresiones que permite la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(Afsca).

Lejos de ser un organismo técnico, Afsca se convirtió en un ente militante. Ni siquiera Damián Loreti, el abogado que escribió el primer borrador de la ley de medios, pudo demostrar los pergaminos de militancia suficientes para presidirlo. En su lugar llegó Santiago Aragón, un hombre de confianza del primer presidente de esa autoridad y actual vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto. Sin embargo, el presidente en las sombras es el vice, Ignacio Saavedra, uno de los referentes de la agrupación La Cámpora y hasta hace pocos meses subgerente de noticias del estatal Canal 7.

En los dos meses que lleva al frente de Afsca, Saavedra logró tirar por "la ventana" a varios históricos de "la batalla por la comunicación": el anterior vicepresidente, Manuel Baladrón -que como diputado fue una de las voces cantantes en el debate de sanción de la ley- y Luis Lázzaro, coordinador general y ex mano derecha de Mariotto. Desde hacía varios meses, Lázzaro tenía prohibido por la Oficina Anticorrupción actuar en expedientes tramitados por su esposa gestora, Susana Pachecoy. También se fue el director administrativo Alberto Baduán. El poder interno de Aragón es relativo: Saavedra logró que se apruebe un nuevo reglamento interno que estableció que para que tengan validez, las decisiones de Afsca deben ser firmadas por el presidente y el vice.

Afsca administra la flojera de papeles. En ese rubro, el caso del Grupo Telefé es especialmente destacable. El principal accionista de esa empresa, que además del canal 11 de Buenos Aires incluye la mayor red de TV abierta privada del país con otros ocho canales en las principales ciudades, es Telefónica de España, a su vez controlante de Telefónica de Argentina. La ley de medios es especialmente clara en ese punto: ninguna empresa de servicios públicos puede tener empresas de comunicación audiovisual. Además, las empresas de telecomunicaciones están impedidas de ingresar en este sector. La misma norma impuso limitaciones estrictas a la formación de cadenas de radio privadas: por eso Cadena 3 recurrió a la Justicia para evitar su desmembramiento. Ese punto también afecta a Radio Continental, del español Grupo Prisa, que había constituido una extensa red en el interior del país. Ni Telefónica ni Prisa ni tampoco el empresario mexicano Ángel Remigio González González (dueño de Canal 9, FM Aspen y el Canal Suri de la TV digital estatal) cumplen además el requisito de extranjería previsto en la ley. En ese punto, el argumento legal es la vigencia del tratado de reciprocidad de inversiones firmado con Estados Unidos por el ex presidente Carlos Menem. Según ese texto, los inversores norteamericanos deben ser tratados en Argentina como si fueran argentinos. Telefónica, Prisa y Albavisión (nombre del grupo de González) operan aquí mediante firmas radicadas en Estados Unidos.

En TV paga, detrás de Cablevisión (Grupo Clarín) y Supercanal, el tercer operador en cantidad de abonados es Telecentro, del ex diputado Alberto Pierri, beneficiado por Afsca con extensiones de su licencia de operación en La Matanza. Mientras el organismo no logró aún que otros operadores del servicio comiencen a competir en este segmento, y al tiempo que exige a Cablevisión una licencia por distrito, a Telecentro se le permitió expandirse por el norte y el sur del conurbano sin mayores requisitos, algo que incentivó la competencia en TV, banda ancha y telefonía. Telecentro es la única empresa que ofrece los tres servicios -paquete que se conoce como triple play-, lo que la convierte en operador monopólico en ese segmento.