Publicado: 23-05-2012

Buenos Aires.- La entidad, presidida por el radical Leandro Despouy, realizó una presentación ante la Justicia contra la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente por una obra en la que se pagó un adelanto de más de 7 millones de pesos.

Norberto Oyarbide, el juez a cargo de la causa

La denuncia realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN) recayó en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, y en ella se señaló que el dictamen que impulsaba la gerencia general de la Caja Complementaria "habilitaba, a quienes lo intentaban lograr, a obtener ganancias espurias por cinco millones de dólares".

Junto a la denuncia, fue enviada una carta al ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, firmada por el gerente de Legales y apoderado judicial de la Caja Complementaria, Guillermo Ayarra, en la que se detalló la operatoria, y en la que el denunciante dijo que desde que se opuso a esa operación se ha visto "amedrentado hasta la fecha".

En la presentación, Ayarra denunció que existió "una extracción de fondos" de la Caja "de 7.200.000 pesos en concepto de adelanto" para la empresa que realizaría las obras de refacción en la sede de la entidad, en la calle Bolívar al 500 de esta capital, por un total de 27 millones de pesos.

También denunció que se acordó entre los consejeros "llamar a la firma cómplice de la maniobra estafatoria a fin de que devolviera el dinero recibido y negociar una salida elegante sin escándalo".

Sostuvo que todo se inició en enero pasado, cuando hubo "un pedido del gerente general [de la Caja de Previsión] de aprobación de un dictamen jurídico acerca de un contrato de obra para la remodelación del edificio" donde funciona ese organismo, en el cual tienen representación los gremios docentes y la cartera educativa nacional.

En la misma línea, el gerente de Legales dijo que se negó a "suscribir el dictamen avalando una posible defraudación y estafa en contra de los intereses de la Caja".

A raíz de ese conflicto, se expuso la situación ante la AGN y "se convocó a los consejeros de Administración [de la Caja] para que informen de la situación en relación a las graves irregularidades" detectadas en ese contrato de obra.

Junto con la denuncia, el gerente de Legales de la Caja pidió por carta al ministro Sileoni que "tome las medidas a través de sus representantes que hagan que el honor, la honradez y la dignidad sean un valor en nuestras funciones y que con ello se proteja el dinero que durante 30 años aportan los maestros".

"Es justo que ellos sean los acreedores de los mismos y no una banda de desaforados delincuentes disfrazados de profesores o empresarios", agregó el la carta el apoderado jurídico de la Caja Complementaria de Pensiones para la Actividad Docente.