A pesar de que el Programa de Reconversión Industrial (PRI) tiene como objetivo “realizar transformaciones en los procesos industriales con el fin de prevenir y controlar la contaminación” del río Salí Dulce, la Auditoria General de la Nación (AGN) detectó que la Secretaría de la que depende el programa no tenía registros actualizados de la contaminación de las aguas y que nunca se pidieron los créditos disponibles para llevar adelante el proyecto.

El PRI es un programa que depende de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y al que se adhieren voluntariamente las empresas contaminantes del Río Salí Dulce. Su cuenca comprende las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca Salta y Tucumán. Ésta última “cumple un rol fundamental, ya que de allí proviene el agua que abastece a las otras provincias por las que pasa el agua”, con la excepción de Salta.

Para llevar adelante el programa se firmó en 2006, entre la SAyDS y la Provincia de Tucumán, el Acuerdo Marco para la Reconversión Industrial (AMPRI) en donde “se establecen los lineamientos básicos y las funciones de los organismos nacionales y provinciales para su cumplimiento”.

El informe, aprobado en 2012, señala que “de las 90 empresas que conforman el parque industrial en Tucumán existen más de 20 empresas que tienen capacidad potencial de contaminar la cuenca”, entre las que se destacan con mayor poder de polución los ingenios azucareros, la actividad citrícola y la industria de celulosa y papel (Ver sub título Industrias Contaminantes)

La AGN detectó que la SAyDS “desconocía si todas las empresas cumplían con la instalación de una planta de tratamiento de residuos líquidos”, conforme a lo que determina la ley y cuyo cumplimiento debía controlar. La Secretaría tampoco verificó si las compañías del PRI “cuentan con los correspondientes certificados legales obligatorios, como el de Aptitud Ambiental y las evaluaciones de estudios de impacto ambiental”. De hecho, señala el informe, que “las muestras del último registro actualizado del grado de contaminación del río Salí datan del 2008”.

En Junio de 2008, la SAyDS “firmó un convenio con el Banco de la Nación Argentina para la instrumentación de una línea de créditos destinada a los programas de reconversión industrial”, con el fin de obtener, por ejemplo, bienes de capital y obras de infraestructura. Para poder acceder a él, la Secretaría debe evaluar la posibilidad de realización de cada evento para luego proponerle al banco el respaldo económico. Hasta el cierre de la auditoría, en julio de 2010, “todavía no se había implementado la línea de financiamiento”.

Sobre el seguimiento de las acciones previstas en los convenios celebrados con las empresas, el organismo de control expresó que era “limitado y discontinuo”. La información, además, “era parcial y sesgada, ya que solo reflejaba lo informado por las compañías sin constatación de la Dirección de Produccion Limpia y Consumo Sutentable de la Secretaría y las áreas componentes de la provincia”.

La Auditoría nacional señaló que en los expedientes analizados durante su visita “no se encontró documento alguno producido por la SAyDS”. A esta observación los auditores agregaron que “no hay informes que analicen la viabilidad de las metas propuestas por las empresas o que evalúen los avances en función de los indicadores y parámetros establecidos en los acuerdos”. Los documentos que hay “incluyen los porcentajes de avance de las metas comprometidas y solo una breve explicación sobre medidas atrasadas”, por lo que resultan incompletos. 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable únicamente hizo una verificación de avance a cada empresa durante el 2008. Las tareas de seguimiento se suspendieron a partir de marzo de 2009, a pesar de que las firmas continuaron presentando sus informes de avance a la Secretaria de Medio Ambiente de Tucumán y ésta siguió con sus inspecciones.

Por otro lado, la Dirección en cuestión “fue conducida por tres directores en 31 meses, donde la gestión actual desconoce las acciones realizadas por los anteriores en cuanto a los PRI”.

Los auditores, en su visita a la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán detectaron que el equipamiento para el laboratorio de la Dirección de Fiscalización Ambiental tucumana, entregado por la Secretaria de Ambiente Nacional "nunca pudo ser puesto en funcionamiento porque la instalación eléctrica no era adecuada". Además informaron que "el laboratorio no estaba habilitado por la municipalidad".

Durante su trabajo de campo, en el que evaluó el periodo que va de marzo de 2007 a septiembre de 2010, la AGN le solicitó a la Secretaría que le informara el listado de causas ambientales administrativas y judiciales en contra de las empresas adheridas al PRI, a lo que la auditada respondió “sobre la existencia de cuatro denuncias”. Sin embargo, por procedimientos alternativos, el organismo de control detecto otras causas iniciadas en las Defensorías del Pueblo de Tucumán, de Santiago del Estero y de la Nación, sólo por nombrar algunas.

Industrias Contaminantes

Los ingenios azucareros, con o sin destilería de alcohol, constituyen la principal actividad económica de la provincia de Tucumán con doce instalaciones. Este tipo de producción es “la mayor contaminante, ya que genera residuos sólidos y efluentes líquidos y gaseosos”, indicó la Auditoría.

Por otro lado, en Tucumán hay instalada una planta elaboradora de pasta celulosa y papel que, como resultado indeseable del proceso de blanqueo con cloro,  emite grandes cantidades de dioxinas, furanos y otros compuestos “con características tóxicas para el ser humano”.

En la provincia, que es la segunda productora de limones más importante, existen siete establecimientos relacionados, en los que se generan deshechos (cáscaras, semillas, hollejos y gases) que se producen por la combustión de las calderas que operan con gas y fuel oil. De estas fábricas, “el principal efluente contaminante es líquido” y está compuesto por ácidos cítricos, restos de aceites esenciales, entre otros deshechos.