Las expectativas generadas en torno al Programa Crédito Argentino (Procrear) para la construcción de viviendas sorprende a propios y extraños. Es pocos días, colapsaron los mecanismos disponibles para realizar consultas y ya hubo que modificar una característica fundamental de la iniciativa: si bien en un principio se dijo que quienes contaran con terreno accederían al beneficio en forma inmediata, y los que no, irían a un sorteo organizado por Lotería Nacional, ahora todos los interesados estarán a merced de los caprichos del azar.

Semejante revuelo encendió luces de alarma por dos motivos. En primer lugar, desnudó un déficit habitacional y las dificultades de sectores de la clase media para acceder a la primera vivienda. Y, en segundo lugar, despertó dudas sobre cómo haría el Estado Nacional para financiar uno de los programas más ambiciosos de los últimos tiempos.

Según los lineamientos de la iniciativa, el Procrear será financiado por un fideicomiso constituido a partir de un aporte inicial del Tesoro de unos $ 3.000 millones. Paralelamente, se pondrá en marcha la emisión de deuda a través de unos títulos llamados, valga la redundancia, Valores Representativos de Deuda (VRD). Estos papeles cotizarán en la Bolsa de Comercio y pagarán una rentabilidad de entre el 9% y el 18% -como máximo-, con un promedio del 15%.

¿Pero qué pasaría si esa colocación de deuda no tuviera éxito? En ese caso, todas las miradas apuntan al dinero disponible en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Este mecanismo fue creado en 2007 para atenuar el impacto de una eventual evolución negativa de la economía sobre el sistema de jubilación pública.

El FGS, que es manejado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aumentó considerablemente en diciembre de 2008, tras la eliminación del sistema de las AFJP. A partir de entonces, con esta herramienta se financiaron desde subsidios por desempleo hasta la Asignación Universal por Hijo. Al 31 de marzo de este año, el Fondo contaba con $ 209.103 millones (ver cuadro).

¿Cómo está distribuido ese dinero? Casi el 60%, $ 121.907 millones, está invertido en títulos públicos, como cuando existían las AFJP. Estas operaciones se denominan intra-sector público, porque la ANSES le compra deuda a otros sectores de la propia Administración Central, como el Tesoro Nacional.

De ese total de títulos públicos, el 35% ($ 43.886 millones) son Bonos Cuasi Par emitidos en el canje de 2005, en pesos y con vencimiento en el año 2045. El capital de estos papeles se ajusta por CER -coeficiente de estabilización de referencia-, y se devuelve en 20 cuotas iguales semestrales a partir del año 2036.

Otro porcentaje de los títulos públicos, el 12,1% ($ 5.310 millones), corresponde a los Bonos Discount, emitidos -también en el canje de 2005- en monedas varias y con vencimiento en 2033. Para estos papeles, el capital se devuelve en 20 cuotas iguales y consecutivas del 5% desde el año 2024.

¿Esto qué quiere decir? Que casi la mitad de la cartera de títulos públicos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (47,1%) recibirá una devolución del capital invertido recién entre los años 2024 y 2045. Y, si fuese necesario cubrir algún quebranto, la venta masiva de estos papeles los haría perder gran parte de su valor.

Con el resto del FGS, invertido en proyectos productivos y acciones, no se puede contar en el corto plazo. Y, en cuanto al último ítem del Fondo, “disponibilidades”, dos tercios ya están comprometidos para ser aplicados.

Entonces, ¿dónde está el dinero “más a mano” para financiar el plan de viviendas? En los depósitos a plazo fijo del FGS que, a valores corrientes, prácticamente cubren todo lo que se necesita para sostener el Procrear, unos $ 20.000 millones.

Estos depósitos suman (al 31 de marzo de este año), $ 21.329 millones, un 10,2% del total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El dinero está a disposición en plazos que van desde los 30 a los 59 días, con rendimientos del orden del 12,5%.

Pero desde mediados de 2010, y durante todo 2011, estos depósitos se colocaron a tasas de entre el 9% y el 10% anuales. El problema es que esos rendimientos conviven con tasas de inflación (que no es la medida por el INDEC) del orden del 25% anual.

Esto significa que esos montos llevan implícitos desvalorizaciones de entre los $ 200 millones y $ 230 millones mensuales, si se observan como pérdida del valor de compra promedio del Estado por inmovilizar esos fondos.