La Auditoría General de Salta evaluó la gestión financiera de 2006 a 2008 del Municipio de Isla de Cañas. Según el informe, hubo dinero que no ingresó a las arcas del Estado y pagos injustificados. Los dos intendentes involucrados no efectuaron ningún comentario o aclaración sobre las observaciones del organismo de control.

Una de las cuestiones detectadas por los auditores fue que en 2007, “el Municipio emitió cheques de pago diferido a favor de la firma ‘Finando SRL”, es decir, se comprometió a pagar en el futuro a cambio de la entrega de dinero en la actualidad. Según el informe, la suma fue por “$ 73.091, de los cuales se obtuvo un valor neto de $ 66.045, ya que se abonaron comisiones a la empresa por $ 7.046”. El dinero “no fue ingresado en la cuenta bancaria del Municipio”.

Al respecto, el organismo de control señaló como irregularidades “el monto de las comisiones pagadas” y que “no hubo evidencia de si el intendente tenía autorización o facultad para hacer este tipo de operaciones”.

Desde el Municipio también se “otorgaron préstamos a dos personas por un monto de $ 24.299”. Además de haberlos efectuado, nunca volvió ese dinero.  El informe señala que “las órdenes de pago carecen de firma del Intendente, del Tesorero y del beneficiario, y se desconoce la vinculación –de estas personas- con la Municipalidad”. La Auditoría aclaró que el otorgamiento de los préstamos “no es compatible con los fines propios del Estado y el bien público”.

En tanto, se expone que en 2007 pagaron a la firma Comunicaciones Valles Calchaquíes S.R.L. $ 80.000,00”, aunque “no hay ningún tipo de evidencia que permita determinar la existencia de la contraprestación (tareas realizadas)”. Solo existía la referencia a la instalación de banda ancha. Los auditores constataron que, al momento de las tareas de control,  “no había servicio de internet”.

Isla de Cañas “no cuenta con legajos técnicos ni documentos que respalden la ejecución de obras” y “su ejecución en el presupuesto”, tampoco tiene “legajos –ni detalle- de las contrataciones que realiza”. Además, el organismo agregó, “las Órdenes de Pago por compras o contrataciones de servicios, no tienen facturas o documentación respaldatoria” y que “para 2006 sumaron $160.748,40 y para el ejercicio 2007 $ 101.685,77”.

Por otra parte, el informe explica que “en el ejercicio 2006 y 2007 no existieron registros contables presupuestarios ni patrimoniales, motivo por el cual, las tareas de auditoría se efectuaron en base a lo informado en la Ejecución Presupuestaria, y las Órdenes de Pago, Facturas, Recibos, y los Extractos Bancarios”. Además, detalla que “el Municipio no elaboró los Estado de Situación del Tesoro, Estado de Situación de la Deuda y Estado de Situación de los Bienes, correspondientes a los Ejercicios Financieros 2006, 2007 y 2008, razón por la cual la Auditoría “se abstiene de emitir opinión” al respecto.

Denuncia por malversación de fondos

La Auditoría no pudo acceder documentación necesaria para realizar su trabajo ya que se encontraba agregada en el expediente judicial por una denuncia penal en contra del ex intendente radicada en octubre de 2009, “por falta de documentación y registros que respalden el movimiento hacendal del Municipio” en el traspaso de gestión en diciembre de 2007. Justamente la imputación en la justicia trata sobre malversación de caudales públicos y administración infiel en perjuicio del Municipio.