La Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que en la anteúltima ejecución presupuestaria de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), que fue disuelta a principios del 2011, “no se adjuntó documentación respaldatoria para el 98% de los gastos”, por lo que el organismo de control tuvo que abstenerse de opinar del presupuesto.

Se trata de la Oficina Nacional que tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento de las normas comerciales por parte de quienes participan del mercado de ganados, carnes, granos y lácteos en territorio nacional, a fin de asegurar transparencia y equidad en el desarrollo del sector agroalimentario.

Además de la falta de documentación respaldatoria, la abstención de opinión de sustenta en que “los montos transferidos a la Fundación ArgenINTA (link a nota) se realizaron de forma global y no según los conceptos de gastos previstos en las Actas Acuerdo firmadas entre la Fundación y la ONCCA”.

Por un decreto presidencial el ente, que dependía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, fue disuelto el viernes 25 de febrero de 2011. La AGN detectó que en los estados contables del 2009 “no se había registrado una deuda con la Tesorería Generar de la Nación ni los pasivos originados por compensaciones pendientes de pago”. La ONCCA también “omitió asentar partidas a cobrar de fondos transferidos a ArgenINTA y de multas a cobrar”, además de “no inscribir en el Balance los saldos de Bienes de Consumo del período auditado”. Por esta sumatoria de irregularidades, la Auditoría informó que los Estados Contables de la Oficina en cuestión “no exponen razonablemente las cifras expresadas”.

Por otra parte, la AGN evaluó el cumplimiento de objetivos y metas del ente. Al respecto mantuvo la abstención de opinión “ya que la ONCCA no entregó la documentación que ampare las ejecuciones que notificó”. Además resaltó que solo se devengó el  3,11%  del total de los gastos que representan las metas. El restante 96,89% no correspondía a las metas definidas por el organismo.

Finalmente, el organismo señaló que existen “debilidades en el control interno” y basó su afirmación en que “no había un criterio uniforme para el pago de compensaciones”, “falta documentación en la conformación de algunos expedientes de pago”, que “no tenían su estructura aprobada” y que “las tareas de presupuesto, contabilidad y tesorería eran realizadas por dos Servicios Administrativos Financieros diferentes”.