El ministro de Comunicaciones respondió preguntas de los legisladores respecto al acuerdo con el Correo. Entre chicanas y críticas reconoció que existe “un enorme quebranto en perjuicio del Estado”.
En una acalorada audiencia informativa en la Cámara de Diputados, en la que no faltaron duras recriminaciones por parte de la oposición, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, defendió hoy la actuación del Gobierno respecto del fallido acuerdo para condonar la deuda del Correo Argentino, aunque anticipó que trabajará para que “la familia que es dueña” de esa empresa le “pague lo que le debe al Estado”.

En un clima tenso, aseguró además que se buscará impedir que la empresa deudora, perteneciente a Franco Macri, el padre del presidente Mauricio Macri, “trate de cobrarle al Estado los  juicios” pendientes que le inició y subrayó que no le van a “perdonar ni un peso de capital”.

“Yo no sabía del juicio, pero estoy tratando de que no puedan cobrar un peso de ese juicio. La familia que es dueña de la empresa Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe, y no le vamos a perdonar un peso de capital, y vamos a impedir que trate de cobrarle al Estado los juicios que tiene pendientes”, adelantó el funcionario, que recordó que el Gobierno dispuso volver a “foja cero” el acuerdo firmado que beneficiaba a la familia Macri a fin de fijar una nueva  audiencia.

Pese a asumir ese compromiso, Aguad se dedicó a justificar lo obrado inicialmente por el Gobierno nacional al señalar que la Ley de Quiebras impedía actualizar y agregarle intereses a la deuda original que contraía la empresa de Franco Macri, que era de 296 millones de pesos y que en la actualidad ascendería, según se estimó judicialmente, a 70 mil millones de pesos.

“Las deudas de un concurso verificadas no se pueden ni actualizar ni recargarle intereses. Consecuentemente, lo que heredamos era un pasivo que debíamos cobrar desactualizado en un 90 por ciento”, resaltó Aguad ante la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que preside el massista Juan Brugge.

Por eso, justificó la decisión del Gobierno de llegar a un arreglo, aunque sea para cobrar apenas el 10 por ciento en términos reales, ya que era la mejor de las opciones en el marco de la ley, y teniendo en cuenta que se estaba lidiando con una empresa “insolvente” que se había quedado “sin bienes” tras la estatización de 2003.

Tras reconocer que existe “un enorme quebranto en perjuicio del Estado”, apuntó contra el kirchnerismo por haber desatendido la resolución del caso durante los años en que gobernó, y también dirigió críticas hacia un sector de la  Justicia por no haber pedido la inconstitucionalidad de la Ley de Quiebras durante todo ese tiempo, que a su entender “produce  una inequidad evidente” dado que “se perjudica escandalosamente  al acreedor”.

El funcionario sostuvo que una de “las opciones era seguir haciendo lo que se hizo durante diez años, es decir, la omisión, donde el acreedor no aceptaba la propuesta del deudor”.

“La segunda opción es pedir la quiebra y tampoco íbamos a  lograr nada. La quiebra no soluciona el problema porque esta  empresa no tiene bienes porque fue desapoderada”, continuó el  dirigente radical, al hacer alusión a la estatización del Correo en 2003.

La tercera opción, dijo el ministro, “era intentar cobrar ese 10 por ciento que quedaba” y agregó: “Hicimos lo que pudimos. Obviamente, que hay un enorme quebranto en perjuicio  del Estado”.

Pese a admitir el perjuicio al patrimonio público, Aguad  negó que exista un “conflicto de intereses” en el convenio,  aunque aceptó que “existe una duda” al respecto y que por eso el Presidente ordenó volver a “foja cero” el trámite y propuso  elaborar un “protocolo” para proceder en los casos en que estén comprometidos funcionarios públicos.

La exposición de Aguad estuvo lejos de convencer a los legisladores de la oposición, que con severos cuestionamientos,  lo acusaron de haber sido un “instrumento protagónico para que  ese delito se haya consumado”.

“Que se le perdone el 98,2 por ciento de lo que le debe al Estado supera toda la posibilidad de ser defendido. Admiro la  desvergüenza con la que quiere defender este delito”, le espetó Martín Doñate, del Frente para la Victoria.

Uno de los más incisivos fue el diputado del Frente Renovador Felipe Solá, que calificó como un “cuento” la explicación proporcionada por Aguad y con ironía recordó que en el decreto del 2003 en el que se rescinde el contrato del Estado con Correo Argentino S.A. se consignaba otro crédito  post-concursal por un monto similar que ahora no es tenido en cuenta.

“Cuando firma un convenio de gravedad importantísima, ¿no  sabe que esa familia es parte, no lo sabe el Presidente que se  llama Macri ni el jefe de Gabinete (Marcos Peña)? ¿A todos  tenemos que acusar de que no están informados?”, se preguntó Solá, que cuestionó el hecho de que el Gobierno no le haya dado  intervención a la Procuración del Tesoro.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica (Cambiemos) Fernando Sánchez señaló que el origen del problema fue la estatización del Correo en 2003: “Si hubiésemos estatizado  bien, no hubiéramos tenido el cúmulo de deudas y de conflictos  judiciales y de reclamos judiciales que parecen interminables”,  manifestó.
En tanto, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola insistió en el pedido de interpelación de Macri, propuso el  remate de los bienes del Grupo Socma hasta tanto se haya cancelado la deuda y sugirió la convocatoria del exdirector del  Banco Nación Carlos Melconian, dado que integrantes de su  equipo técnico habían advertido sobre las inconsistencias del convenio.