Publicado: 23-03-2012

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) criticó duramente el manejo de los fondos de la ANSeS. Estos fondos se encuentran integrados por los aportes mensuales de los trabajadores activos y sus empleadores y el fondo de sustentabilidad, es decir, los fondos acumulados en las AFJP que pasaron al estado luego de su estatización.

(dinero en efectivo, títulos públicos, depósitos bancarios y acciones).
Sobre el Fondo de Sustentabilidad consideraron que "hay ausencia integral de gestión financiera" y "debilidad de gestión por parte del organismo". Los auditores analizaron parte de las operaciones financieras realizadas por el organismo previsional y detectaron que en un caso el Estado perdió $ 517,1 millones por la incorrecta tasación del valor de unos bonos bancarios. Los auditores consideraron que "se desvían fondos del sistema para otros destinos que no tienen relación con la futura clase pasiva". Agregaron que "Así fue la decisión de financiar con recursos de la ANSeS, supuestamente excedentes, aunque solo en el corto plazo, el subsidio universal por hijo. La ANSeS se hace cargo, contrariando la normativa vigente, de gastos por $ 4760 millones que le corresponden al Ministerio de Desarrollo Social".

Ya en junio de 2010 los presidentes de los principales bloques de la oposición de Diputados habían reclamado que el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el director ejecutivo de la ANSeS, Diego Bossio, explicaran ante la Comisión de Previsión Social el uso de fondos previsionales para financiar a Aerolíneas Argentinas.

El empleo del fondo de sustentabilidad para financiar el déficit financiero del Estado puede encuadrar "en un delito", según lo advirtió el Camarista Luis Herrero de la Sala II de la Cámara de Seguridad Social (con recusaciones sin causa por parte de ANSeS en juicios por reajustes de haberes). Esto se debe a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sólo puede utilizarse para mejorar los haberes previsionales y no para financiar gastos corrientes.

Las medidas de inclusión social, como por ejemplo, la asignación universal por hijo o la moratoria previsional que amplió notablemente la tasa de cobertura jubilatoria, han sido indiscutibles logros de este Gobierno. Esto no obsta que la financiación de estas medidas deba afrontarse con fondos de otros organismos estatales, y no de la ANSeS, cuyo objetivo primordial es afrontar los costos y necesidades de la clase pasiva actual y futura.

Este reclamo se da en un momento histórico donde a nivel global las cajas previsionales de los diversos países del mundo se encuentran en una crisis profunda con altísimas tasas de déficit financiero. Europa envejece, por primera vez en su historia, los menores de 60 años disminuyen. De aquí a 2060 se pasará de 4 europeos activos por cada mayor de 65 años a dos activos por cada jubilado.

En este escenario, los gobiernos de Francia, Alemania y España están planteando actualmente el incremento de la edad jubilatoria de 65 a 67 años para la jubilación completa. Estados Unidos la está elevando de 66 a 67 años de aquí al 2022. Japón la elevó de 60 a 65 años a partir del 2013. Grecia, sumida en una profunda crisis económica, elevará la edad de 60 a 65 años, con incentivos para trabajar hasta los 67 años. Gran Bretaña de 60 a 65 años para las mujeres y de 65 a 66 años para hombres, en 2030. Siendo que la ANSeS desde la nacionalización de las AFJP registra un amplio superávit, no es necesario tomar medidas drásticas como ocurre en otros países ni incrementar la edad jubilatoria. No obstante, tenemos la oportunidad histórica de sentar las bases de una planificación a largo plazo que nos permita aprender de la experiencia europea y evitar a futuro una crisis que comprometa el bienestar de la clase pasiva.