Publicado: 30-05-2010
 
Legislar contra la corrupción, parece estar en consonancia con el anhelo de una ciudadanía que se expresó en pos de la transparencia. Ningún legislador podrá estar ausente en ese debate porque quedaría sospechado de ser parte de ese mal que parece afectar a los argentinos y que tiene que ver con la falta de transparencia. Una dificultad que nos impide construir la nación que necesitamos. 

La Auditoria General de la Nación (AGN), el organismo de control externo del Estado, detectó irregularidades en el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y en la Administración de Programas Especiales (APE), dependencia que maneja los subsidios de las obras sociales. Estos hallazgos sirvieron a la comisión mixta revisora de cuentas de la AGN, integrada por seis senadores y seis diputados, para dar el puntapié inicial en una batalla contra la corrupción que promete impulsarse desde el Congreso.

Los dictámenes elaborados por esta bicameral habilitan llevar a los recintos de ambas cámaras los proyectos de resolución en los que se decide remitir a la Cámara Federal porteña las actuaciones del mayor órgano de control externo del Estado. Eso significa una posibilidad cierta de aportar a la Justicia, desde el Congreso, información útil a causas judiciales en las que se investigan supuestos delitos de corrupción cometidos por el Gobierno.

El proyecto procura denunciar ante la Justicia las irregularidades detectadas por la AGN y significa haber puesto en marcha los mecanismos de la institucionalidad para poner luz sobre cuestiones que tienen al poder político en el centro de la escena.

Las irregularidades detectadas apuntan a informes referidos al Occovi por desajustes en los procesos de renegociación de las concesiones viales con empresas que registraban incumplimientos totales en las obras que se habían comprometido a ejecutar. También revelan el pago de sobreprecios en la campaña de vacunación antigripal de 2004 y defectos en la rendición de cuentas por parte de algunos sindicatos.

Estas irregularidades tienden un manto de sospecha sobre la transparencia con la que se manejan fondos públicos en áreas clave de la administración nacional. Hablan de las obras públicas, motor de la economía, y de la salud, aspecto esencial de la vida de las sociedades sobre las que no debería recaer ninguna amenaza que ponga en juego la vida de ningún argentino.

La medida impulsada por la Coalición Cívica y apoyada por la Unión Cívica Radical busca arremeter contra la corrupción desde el Congreso y establece un precedente por cuanto de aprobarse en ambas cámaras legislativas, sería la primera vez que el Congreso podría acudir a la Justicia y aportar información para el avance de causas contra el Gobierno.

El dictamen que impuso la oposición en la comisión mixta promueve además de remitir las actuaciones a la Justicia, solicitar al Poder Ejecutivo que comunique las medidas adoptadas en relación con las irregularidades detectadas, que determine el perjuicio fiscal y que deslinde las responsabilidades correspondientes.

Los analistas políticos estiman que el tratamiento en Diputados podría darse sin mayores sobresaltos. Y se aventuran a afirmar que en Senadores la realidad será distinta porque la oposición está en minoría en ese espacio.

El oficialismo se opone a esta iniciativa. Ve en ella una amenaza capaz de aportar elementos clave para que posibles delitos sean investigados. Teme al precedente que la propuesta podría generar y asegura a viva voz que el dictamen importa una sobreactuación innecesaria de la oposición que se empeña en judicializar la política como si el terreno judicial fuera el único ámbito posible para saldar diferencias que son del orden de la política.

De cualquier modo, y en un escenario signado por la inactividad del Congreso, que esta institución que representa la esencia misma del funcionamiento democrático quiebre la inercia histórica y se proponga arremeter contra la corrupción en cualquiera de sus facetas, es saludable para la democracia.

El sistema democrático saldrá fortalecido. Es un hecho trascendente que el Parlamento tome la decisión de colaborar institucionalmente con los procesos judiciales contra la corrupción. Y es destacable que defina la lucha contra la corrupción como una bandera.


En diciembre de 2009 asumieron los legisladores que habían sido votados el 28 de junio para establecer una nueva forma de ejercer el poder en Argentina.

Asumieron y están en funciones quienes fueron elegidos para legislar y para pensar las cuestiones centrales sobre las que el país necesita pensar.

Sin embargo, aún cuando por mandato conferido por la ciudadanía tenían como imperativo el hacer, desde que se conformó la nueva composición del Congreso, todo transcurrió entre inactividad y afrentas. No hubo debate legislativo sustancial. Todos fueron enfrentamientos, juegos de poder, especulaciones. Sesiones maratónicas negociaciones frustradas, personalismos innecesarios y mezquindades dañinas anularon el lugar de la palabra.

Porque el Parlamento es el lugar de las voces de todos. Es el espacio de las diferencias, y es por excelencia el ámbito propicio para construir los consensos. Sin embargo, la agenda de los últimos tiempos pareció vacía. Como si se hubiera deslegitimado el rol de legislar y como si el país, representado por algunos de sus dirigentes, por inoperancia o por inercia, hubiera resignado la posibilidad de fundar la república.

A menudo, en el Congreso parece que nadie puede escuchar los ecos de la ciudadanía, el reclamo por mayor concordia y más institucionalidad.

Esta iniciativa gestada en el espíritu de dar batalla a la corrupción por canales institucionales parece quebrar esa inercia y poner a funcionar un engranaje complejo como el de establecer normas y alcanzar acuerdos en pos de un país mejor y de una democracia más sólida.

En los últimos tiempos, la agenda de tratamiento parlamentario no se condice con lo que la sociedad votó en las urnas y muchas de las cuestiones centrales sobre la salud de la democracia parecen estar fuera del debate público.

Independientemente de lo que resulte del tratamiento de esta iniciativa este proyecto tiene la posibilidad cierta de transformarse en una bisagra y definirse como el primer paso dado en dirección a ser un país previsible y justo.

Las cuestiones centrales parecen comenzar a ser parte de la agenda. Legislar contra la corrupción, crear herramientas para investigar y desentrañar los manejos turbios de cierta dirigencia son hoy los anhelos de una ciudadanía que se expresó en pos de la transparencia.
Ahora resta prestar atención a cómo el tratamiento de este proyecto se da en ambas cámaras. Sin descuidar que en cada banca está la decisión de millones de argentinos que cuando el 28 de junio pasado votaron, lo hicieron convencidos de la importancia de generar cambios hacia una mayor institucionalidad.

Hasta acá poco de lo actuado por el Congreso consiguió conducirse en esa dirección. Ahora estamos frente a una nueva posibilidad. El tema de la corrupción no podía quedar más por fuera de una agenda prioritaria, porque la corrupción enquistada en los lugares más encumbrados del poder corroe la democracia.

Los legisladores no podían estar ajenos a tomar postura contra una cuestión que ha sido muy difícil de encarar en Argentina. Ningún legislador podrá estar ausente en ese debate porque quedaría sospechado de ser parte de ese mal que parece afectar a los argentinos y que tiene que ver con la falta de transparencia, una dificultad que nos impide construir la nación que necesitamos.