Publicado: 30-08-09.

Tamse y Crese son de la Municipalidad, pero están exentas de los controles del Tribunal de Cuentas. Ambas supusieron mejoras sustanciales en las prestaciones que antes estaban en manos de privados. Sin embargo, la falta de transparencia cada vez pesa más.

Las dos empresas que creó la Municipalidad de Córdoba para prestar el servicio que mueve a un tercio de los pasajeros del transporte urbano y para recoger la basura de cada uno de los habitantes de la ciudad son fuentes inagotables de cruces políticos de escaso sustento técnico. 

Pocas veces como en la semana que pasó se habló tanto del manejo de estas empresas estratégicas para los cordobeses y para las finanzas municipales. Cuesta creer que se conozca tan poco de ellas en medio del alboroto de acusaciones que las rodea. 

Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse) y Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) son propiedad del municipio, pero están exentas de los controles del Tribunal de Cuentas. Sólo son supervisadas por comisiones fiscalizadoras –designadas por el propio Ejecutivo y el Concejo Deliberante– que tienen la obligación de emitir informes trimestrales. 

Esa vía de información oficial está bloqueada en el caso de la empresa de transporte, ya que desde fines del año pasado el Concejo Deliberante no recibió ningún informe. 

Se trata de una omisión inexplicable, si se considera que es el único control formal sobre una empresa que desde el momento mismo de su creación –julio de 2002– demandó aportes crecientes del municipio para cubrir su capitalización, sus decisiones desacertadas, su déficit operativo ascendente y también los juicios en su contra. 

A la opacidad de base de las sociedades del Estado, Tamse sumó una verdadera batalla política sobre su manejo. 

Walter Nostrala –ex presidente de la empresa, ex mano derecha del intendente Daniel Giacomino y actual presidente del bloque juecista de concejales– descargó una andanada de denuncias sobre supuestas irregularidades, desmanejos, deudas y déficit en alza de la empresa. 

Raúl Merino, actual presidente, le respondió con una carta que no aclara ningún punto de los denunciados, pero en cambio expone otra larguísima lista de desatinos y se los adjudica todos a la administración de Nostrala. 

Uno dice que el otro nombró al yerno y la respuesta recuerda que el primero metió a más de 50 conocidos a Tamse. El segundo también dice que el primero compró 200 colectivos que en realidad son antifuncionales chasis de camiones disfrazados de buses y el otro le achaca haber omitido una licitación pública y haber elegido el precio más caro a la hora de comprar los coches diferenciales. 

El relato de las acusaciones podría llenar toda la página. El problema es que no hay modo de saber cuánto de verdad hay en cada una. 

Lo más sorprendente es que a nadie le haya interesado saber a ciencia cierta si los centenares de millones de pesos que Tamse le consumió al municipio en los últimos años provienen de los desmanejos y las maniobras irregulares que se achacan en forma pública y mutua Nostrala y Merino. Sobre todo porque, si son ciertas, algunas denuncias deberían ir directo a una fiscalía. 

Una historia residual. La historia de Crese es mucho más corta y las miradas siempre estuvieron más atentas a la calidad del servicio esencial que presta que a sus números. 

Hasta ahora: la semana pasada se conoció un sorprendente informe de su comisión fiscalizadora, que denunció que no tiene acceso a la información más relevante de la empresa y, en paralelo, aseguró que en apenas cinco meses la firma acumuló una deuda de 41 millones de pesos. 

La cifra es escandalosa: supone un déficit de ocho millones de pesos mensuales, sobre el presupuesto de 14,5 millones que la empresa tuvo hasta junio (desde julio, el canon subió a 16 millones al mes). 

Eduardo García, presidente de Crese, desacredita de plano el informe de los fiscalizadores, niega que no tengan acceso a la información y les achaca errores groseros. 

Reconoce un pasivo de 26 millones, pero aclara que propio municipio le adeuda 13 millones de canon, que además resta la integración del capital inicial y que la empresa tiene cuentas a cobrar que reducen el déficit real a una deuda de tres millones de pesos con el fisco, y con proveedores que cobran a 30, 60 ó 90 días. 

Por el momento, el lector deberá decidir con cuál de las dos versiones de las "finanzas Crese" se queda. Tarde o temprano, las cuentas del municipio reflejarán la verdad. 

Tanto Tamse como Crese llenaron espacios que la actividad privada abandonó luego de largos períodos de pésimas prestaciones. 

En ambos casos, la municipalización supuso mejoras sustanciales en los servicios y, en el caso de la basura, se asegura que además generó un ahorro importante: recién ahora el canon equivale al que Cliba facturaba hace un año por un servicio más reducido. 

Que Crese no siga los pasos de Tamse sigue siendo un desafío. Que la transparencia se imponga sobre ambas es un imperativo. Sobre todo cuando el municipio ya piensa en una tercera sociedad del Estado: la que podría reemplazar a las empresas de ITV.