Son Juan Masoero y Alcides Capello, quienes eran directores cuando se determinó el cálculo de $ 12,6 millones.
Para el fiscal Julio Rivero, hay sospechas fundadas de que la empresa mixta Gamsur infló los números de los mayores costos de 2008 para cobrarle al Municipio varios millones de pesos de más. Por eso, imputó a los dos directores privados, Juan Carlos Masoero y Alcides Capello, por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa. Además, los citó a indagatoria.

También quedó imputado -aunque en grado de sospecha leve- el abogado Martín Abasolo, que ocupó la presidencia de Gamsur en representación del Municipio, porque habría mostrado "escasa predisposición a defender el patrimonio del Estado".

La información fue confirmada ayer por el fiscal Rivero, que aclaró que la decisión abarca sólo a 2008 y que los años anteriores todavía están sujetos a investigación. Es decir, en la marcha de la causa puede haber aún más imputaciones por lo que se pagó en concepto de mayores costos en 2007. Sobre ese año, Rivero ya había dicho que no se registró ningún control desde el Municipio sobre los números que presentó la empresa. 

Hasta ahora, la investigación por Gamsur acumula tres cuerpos de 200 fojas y cuatro anexos de prueba documental. La causa se inició cuando los concejales Eduardo Scoppa, de la Coalición Cívica, y Enrique Novo, del FreGen, le pidieron a la Justicia que determinara si existieron irregularidades en la determinación del plus por inflación que debía afrontar el Estado.

El fiscal explicó que dictó las imputaciones porque las pruebas indican que la empresa mixta habría sobrevaluado el rubro Mano de Obra para cobrarle al Estado 12,6 millones de pesos en concepto de mayores costos. Ese cálculo se presentó en diciembre. 

Cinco meses después de que el directorio firmara el reclamo, el secretario de Economía, Guillermo Mana, llegó a la conclusión de que a Gamsur sólo le correspondían 7,5 millones de pesos; es decir, 5 millones menos por debajo del pedido de los empresarios.

En julio, después de tres meses de auditoría, el Tribunal de Cuentas fijó su propia cifra: 5 millones de pesos.

Más allá de que finalmente sean 5 ó 7,5 millones, para el fiscal existe la fuerte sospecha de que los empresarios elevaron intencionalmente los números y que Abasolo, presidente designado por el Estado, no habría resguardado los intereses municipales.

"El fundamento de la sospecha es que de la investigación surge como altamente sospechoso el hecho de que Gamsur, representada por Masoero y Capello, habría sobrevaluado un rubro del cálculo de ajuste de mayores costos que estaba incluido en la ordenanza 125/08. El rubro es Mano de Obra, que tendría sobreprecios en lo que hace a adicionales no remunerativos, horas extra, subsidios a empleados de la UOCRA, vacaciones, cargos de la ART", explicó el fiscal.

El decreto de imputación fue firmado el 25 de agosto pero recién se dio a conocer en las últimas horas, cuando los imputados fueron notificados. Además, los citó a indagatoria: Capello y Masoero deberán presentarse el jueves 10 de septiembre y Abasolo al día siguiente.

El fiscal explicó que los empresarios están imputados sólo por tentativa de fraude porque nunca lograron consumar el presunto delito; esto es, porque el Municipio no aceptó pagarles los 12,6 millones de pesos y los sometió a revisión.

El fraude en perjuicio del Estado está tipificado en el artículo 174 del Código Penal, que establece una pena de 2 a 6 años de prisión, aunque en el caso Gamsur se trata de una tentativa.

Sin embargo, la decisión de Rivero de imputar a los dos directores privados y al ex presidente de la mixta será la primera y la última. Porque uno de los implicados, Juan Carlos Masoero, designó como abogado a un cuñado del fiscal que, inmediatamente, decidió apartarse.

El jueves 27, Masoero se presentó en la Fiscalía, pidió el mantenimiento de la libertad y se puso a disposición de la Justicia. Pero obligó a Rivero a dejar la investigación de la causa, que hasta ahora tuvo una resolución con respecto el primer año, el 2008, y que todavía tiene mucho por recorrer hacia atrás.

No hay demasiados caminos para el caso Gamsur. La causa terminará, indefectiblemente, en manos del fiscal Walter Guzmán porque Javier Di Santo es hermano del fiscal municipal y porque la esposa de Fernando Moine fue síndica en la empresa.