Publicado: 20-12-08

Con la sanción de la nueva ordenanza se separaron los ámbitos en los que intervendrá el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura Municipal. Para el oficialismo aporta claridad, las bancadas opositoras coincidieron en el voto negativo.

En la última sesión del Concejo Municipal, realizada anoche, los ediles le dieron tratamiento y aprobación a un mensaje enviado desde el Ejecutivo -convertido en la ordenanza 11.558- por el que se proponía una nueva regulación de los organismos de control de los actos del municipio: el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura Municipal. Además, se derogaron las normas 9.124, 11.054 y la 10.541 referidas al procedimiento de los organismos. El bloque Santafesino Ciento por ciento le introdujo modificaciones a la propuesta.

Previo a la consideración en el recinto del mensaje en cuestión, el concejal Jorge Kiener -Frente para la Victoria- se refirió a los presentes, haciendo uso del momento destinado a las manifestaciones, diciendo que no había podido estar presente en las últimas tres convocatorias del cuerpo legislativo por compromisos con su otro trabajo. El objetivo de la sanción más importante efectuada anoche, es regular los sistemas de control del sector público municipal y separar los ámbitos de intervención de cada uno. La fiscalización externa es ejercida por el Tribunal de Cuentas y la interna por la Sindicatura General, -órgano creado por la ordenanza 10.610.

Comprende el sector público municipal: la administración central, el Concejo Municipal, el mismo Tribunal, los organismos descentralizados o autárquicos e instituciones de seguridad social, sociedades y empresas del Estado creadas o al crearse.

En el texto aprobado se aclara que Santa Fe cuenta con un modelo de control "integral e integrado, que abarca los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, de legalidad y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones, y está fundado en los principios de economía, eficiencia y eficacia. Comprende el control interno y externo del sector público".

Facultades

Según la ordenanza 11.558 el Tribunal continuará constituido como hasta hoy, con tres miembros que ejercerán el cargo como funcionarios municipales durante cuatro años con posibilidad de ser reelectos, siendo profesionales de las ciencias jurídicas o económicas, profesión que no podrán desempeñar mientras sean funcionarios.

Las herramientas que se le otorgaron al Tribunal para controlar son: la auditoria y control posterior de carácter legal, presupuestario, económico, financiero, operativo patrimonial y de gestión; las auditorias y el control integral, previo y posterior, de los actos relevantes significación económica o institucional que sean solicitadas por el Concejo; el examen de las rendiciones de cuentas recepción e inversión de fondos públicos que efectúen los responsables sometidos a tal obligación estén o no ligados a su administración y la substanciación de los juicios de cuentas a los mismos; la sustanciación de juicios de responsabilidad para la determinación de responsabilidad administrativa y patrimonial de los agentes públicos, entre otras.

Sus atribuciones serán: fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la percepción e inversión de los recursos municipales; realizar auditorias contables, financieras, presupuestarias, de legalidad y de gestión; exámenes especiales de las jurisdicciones y entidades bajo su control, evaluaciones de programas, proyectos y operaciones; realizar por pedido del Concejo auditorias previas y posteriores de los actos de relevancia económica e institucional y controlar la legalidad posterior a su ejecución de actos administrativos de significación, entre otras.

Quejas varias

Antes de aclarar que el bloque del Frente para la Victoria no apoyaría la sanción de la norma, el concejal Luciano Leiva no escatimó reclamos al oficialismo y lo lo siguieron sus compañeros .

"En pocos días se intenta tratar y aprobar proyectos tan importantes como éste o el de presupuesto, con poca información y asesoramiento", señaló.

Luego detalló las dudas que se le presentaron al revisar el mensaje : "Tenemos dudas sobre la fiscalización de los actos de gobierno, se avanza en legalidad y se deja el control para los actos posteriores como ocurre en la provincia, pero es un tratamiento más detallado y con más obligaciones para quienes controlan. Necesitamos más detalles como el que establece la ley de Administración Financiera de la provincia".

Además agregó que "quisiéramos trabajar sobre el control de operaciones con fondos nacionales, provinciales e internacionales, sobre un control de endeudamiento, la tercerización que se habilita para algunas actividades del Tribunal, no dejar cosas en manos de la Sindicatura que está a cargo de un funcionario designado por el Ejecutivo".

Por su parte el concejal oficialista Carlos Pereira, respaldó la aprobación diciendo que se intenta coordinar la ordenanza de Administración Financiera y el control interno. "Si bien era una ordenanza de 2000 sin implementar, a partir de este año con la nueva presentación presupuestaria y con la creación de la Sindicatura General se puso en marcha", aclaró.

Para Pereira, la norma suma claridad, coordina el trabajo de ambos organismos y fija competencias.

Comisión por remises

Mediante un decreto aprobado en la sesión del jueves presentado tiempo atrás por la concejala del Frente para la Victoria, María Lastra, se conformará una comisión que tendrá como objetivo abordar, debatir y buscar soluciones al conflicto con Sanor, grupo de agencias de remises no formales. Los ediles oficialistas no apoyaron la propuesta.

Estará integrada por un concejal de cada bloque legislativo y dispondrá de un plazo de treinta días para elevar un informe al Ejecutivo Municipal.

Vale recordar que hasta la semana pasada, integrantes de Sanor se habían instalado en la explanada de entrada del Concejo Municipal a modo de reclamo. Lo que buscan es ser incorporados al sistema formal de transporte público, ser reconocidos como tal, ya que como dijeron en sobradas oportunidades el servicio que prestan es fundamental para muchos vecinos de barrios periféricos.

Para destacar

Una de las novedades que aporta la norma es el juicio de responsabilidad administrativa. Tendrá por objetivo juzgar los actos, hechos u omisiones de los agentes o funcionarios del sector público o la violación de las normas que regulan la gestión hacendal susceptibles de producir un prejuicio para el patrimonio estatal.

Lo instruirá el Tribunal de Cuentas de oficio con la sola presunción, con el conocimiento pleno de irregularidades o por denuncias efectuadas por agentes, funcionarios o terceros. También podrá condenar a los responsables al pago del daño.

Las resoluciones que se decidan, se deben comunicar al cuerpo legislativo.