Publicado: 23-11-2011

Río Negro.- Salvo Bossero y Pichi, quienes se ampararon en sus fueros, todos los funcionarios imputados pasaron por el juzgado a cargo de Reussi, que ahora debe resolver.

Los ex ministros de Salud, Cristina Uría; de Producción, Juan Accatino; y de Familia, Alfredo Pega, regresaron a tribunales en el marco de las indagatorias a las que habían sido citados por el juez penal Carlos Reussi por los sobresueldos. 

Ahora la causa se encamina hacia la definición de la situación procesal de los funcionarios provinciales imputados.

La legisladora electa Uría era la única que no había declarado en calidad de indagada y si bien se abstuvo de hacerlo cumplió con el trámite formal presentándose en el juzgado.

En tanto, los ex funcionarios habían pedido ampliar y aportaron documentación a los efectos de corregir unos datos.

En realidad ninguno declaró. Pero cumplido con el trámite de las indagatorias, instancia en la que los imputados tienen la oportunidad de defenderse, ahora el juez está en condiciones de resolver la situación procesal de los ex funcionarios dictando el sobreseimiento, la falta de mérito o el procesamiento de cada uno de ellos.

Esta es una investigación que ha generado gran malestar en el actual Ejecutivo rionegrino y sobre todo en el gobernador, Miguel Saiz, tras un informe del Tribunal de Cuentas que lo incluyó responsabilizándolo de no haber actuado en el marco de la normativa.

"Hacer efectivo el adicional sin reglamentación está por fuera de la actividad reglada del Estado y supera cualquier poder discrecional", dijo la auditoría del Tribunal de Cuentas cuyo informe fue elevado a Reussi en el marco de esta causa.

Cabe recordar que Daniel Bossero, actual presidente de ese organismo de control, es uno de los imputados en esta investigación por los sobresueldos, en el marco de su función anterior de contador de la provincia, quien no se presentó a declarar amparándose en los fueros al igual que Gustavo Pichi, quien ocupa hoy ese cargo.

A tal punto fue el malestar que provocó esta auditoría en el gobernador que no sólo les reprochó a los integrantes del Tribunal de Cuentas que tardaron más de siete años en expedirse sobre el tema sino que ventiló los sueldos que perciben entre los 46.000 pesos de Carlos Malaspina y los 59.000 de Pedro Casariego, incluyendo también a Bossero en esa suma mensual.

Además de los ex ministros mencionados también están imputados en esta causa el ex titular de la cartera de Hacienda, Pablo Verani; la actual responsable de Salud, Adriana Gutiérrez; el director General de la Secretaría de la Gobernación, Sergio Pendas; el Tesorero General de la provincia, Guillermo Ongaro; y el subsecretario de Coordinación de la Secretaría General de la Gobernación, Aníbal Hernández.