Publicado: 01-12-2011

Dentro de un marco de sinceramiento de tarifas de los servicios públicos y en aras a continuar construyendo un país más igualitario, el Estado Nacional ha decidido eliminar de modo gradual, el subsidio a la tarifa de agua y saneamiento que presta la empresa Agua y Saneamiento Argentinos S.A.

(AySA) dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. En primer lugar, debemos tener presente que la tarifa de este servicio no sufrió variación alguna desde mayo de 2002 y fue el mismo Estado Nacional quien desde ese entonces subsidió la tarifa con el fin de mantener operativo el servicio, primero hasta 2006 a la empresa concesionaria Aguas Argentinas SA y, luego, a Aysa.

Si bien es cierto que el acceso al agua potable es considerado dentro de la categoría de derecho humano, con las prerrogativas y marco jurídico que ello implica, y en mi criterio, no puede ser considerado un bien de carácter económico de modo excluyente o como en otros servicios públicos, la contraprestación de este servicio vital para la vida humana es de carácter rentado para el usuario del sector.

En lo que nos ocupa, el Estado Nacional ha decidido eliminar el subsidio a un componente de la tarifa, el coeficiente K. Dicha modificación implicará un considerable impacto en el monto de la tarifa bimestral que abonan los usuarios por los servicios de agua y de cloaca.

Si bien el aumento prima facie puede parecer exagerado e injusto, máxime el desconcierto que generan varios medios periodísticos hacia los usuarios por parcializar la información, lo cierto es que el usuario pasará a abonar x el consumo de 1.000 litros de agua la suma de $1,30 en comparación con los $ 0,66 que abonaba hasta antes de la medida. Vale aquí decir que en comparación con otras ciudades del país y ciudades de países limítrofes, el servicio dentro del AMBA seguirá siendo bajo en términos económicos.

Es del caso destacar que la tarifa no perjudicará a aquellos usuarios que no puedan abonarla ya que aquello usuarios que puedan demostrar la necesidad de la continuidad del subsidio seguirán siendo beneficiados por el mismo. Debemos tener presente que desde iniciada la crisis del año 2001 existe dentro de la entidad regulatoria (hoy, Ente Regulador de Agua y Saneamiento) el programa de Tarifa Social que beneficia a aquellos usuarios que tienen serias dificultades para abonar el servicio de agua y saneamiento. Con el nuevo esquema, veremos cómo el mismo se adecuará, previo al análisis que estamos llevando adelante.

Ahora bien, la eliminación de los subsidios no implicará mayores ingresos a la empresa: lo único que cambiará por lo que podemos avizorar, es de manos de quién percibirá el dinero. Ello, es un paso importante para que el servicio público sea sustentable en el tiempo, manteniendo y mejorando la calidad del mismo. En este orden de ideas, la eliminación de los subsidios podrá permitir las revisiones tarifarias pertinentes de manera que las tarifas se encuentren actualizadas y, en este aspecto es importante la participación e intervención en el modelo o esquema de regulación y control. Por ejemplo, el ERAS tendrá bajo su órbita el Registro de Excepciones al subsidio, porque se analizará cada caso con criterio integral, y dictará la reglamentación necesaria a tal efecto.

Debemos ver que este nuevo escenario nos posibilita profundizar el modelo hacia otros sectores que hoy sí necesitan del esquema del estado subsidiario resultando una medida de carácter federal, ya que los únicos ciudadanos que reciben subsidios del Estado Nacional hoy en todo el territorio en materia de agua y saneamiento, son los usuarios de AySA. Y nos da una nueva oportunidad de participar a la hora del diseño de la política pública. No podemos dejar de sentirnos protagonistas.