Publicado: 13-02-2012 
  
Mendoza.- No se habría considerado documentación archivada en 2007 que explicaría la situación.

El 2 de diciembre pasado, Los Andes informaba que ex miembros del directorio del Hospital Central deberían devolver más de 100 mil pesos gastados en fines que no estaban previstos en el presupuesto. Esos funcionarios, que ocupaban esos cargos en el año 2006, acusan a las autoridades que los sucedieron (asumidas en la gestión de Celso Jaque) por haber escondido información que podría clarificar su situación y evitar la condena del Tribunal de Cuentas.

De los condenados por el organismo de control, el ex gerente administrativo Bruno Ferreto fue el más duramente castigado, puesto que debía oblar más de 87 mil pesos por haber realizado pagos sin imputar y anticipos de haberes.

El resto debían pagar 5.530 pesos por anticipos de haberes no devueltos: el ex director ejecutivo Jorge Abdala, y los representantes en el directorio del Poder Ejecutivo Guillermo Gil, de los profesionales Orlando Caruso, del personal no profesional José Francisco Trujillo. En este ítem también fue condenado Ferreto, porque lo que su condena se eleva a 92 mil pesos.

Pero los condenados ahora contraatacan y esgrimen una actuación notarial en la que consta que al inicio de la gestión de José Miguel Ascar, director del hospital que asumió en el gobierno de Jaque, una importante cantidad de documentación fue embalada y trasladada a una empresa de archivo de documentación. De acuerdo al argumento de los acusados, esa documentación que fue sacada del Hospital, podría haber justificado lo que el Tribunal de Cuentas observó en el ejercicio 2006 y cuyo fallo definitivo recién llegó a fines del año pasado.

En la extensa acta notarial, realizada a pedido de Ascar, se detalla una amplia cantidad de expedientes y documentación suelta correspondiente a diferentes ejercicios, entre ellas resoluciones y facturas a obras sociales y empresas de seguro para cobrarles servicios asistenciales prestados.

De acuerdo a lo que indican los acusados, la salida de esa documentación constituye una violación a los artículos 8 y 9 del Código de Comercio, puesto que en esa ley se establece la guarda de documentación por un plazo de diez años. "Una persona cometió un delito y nosotros debemos pagar, porque nos privaron de la posibilidad de defendernos", dice el ex director Gil.

Pero a eso le suman un acta de constatación de principios de 2011. En defensa de Ferreto, Gil dijo que "nunca se pagó a nadie anticipadamente. Es que cuando la gente pasaba a planta se solían generar algunos baches en el pago de sueldos de dos o tres meses, entonces les pagabámos con fondos del hospital para no parar las prestaciones". Por este motivo es que habría habido pagos considerados adelantos que abultaron el monto a devolver que debe enfrentar el ex gerente de Administración. Pero con el retiro de documentación fue difícil de comprobar.