Uno de ellos está a cargo de la edil Elisa Quartucci, quien solicitó al ministerio de Planificación Federal de la Nación la derogación del decreto mediante el que se implementa el denominado "Fondo Fiduciario para la importación de Gas Natural y Gas Natural Licuado", por considerarlo inconstitucional, teniendo en cuenta que la facultad de crear, modificar y eliminar tributos corresponde al Poder Legislativo.

Ambos rechazan los aumentos

"Son numerosísimos los reclamos efectuados por los usuarios que se han visto afectados ya que los incrementos registrados en la tarifa de gas a partir de la implementación de este cargo, ascienden, en algunos casos, al 500 por ciento", dijo la concejala de la Coalición Cívica.

También expresó que el gobierno nacional, a partir de dicho decreto, aplica cargos y varios impuestos a los usuarios de servicios públicos, como fuente de financiamiento de sus actividades.

"El gas que se importa a través del buque regasificador resulta muchísimo más caro, comparado con otras alternativas existentes de aprovisionamiento. Por ejemplo, se paga el doble de lo que sale el gas importado desde Bolivia y cinco veces más de lo que sale en boca de pozo", destacó.

También recordó palabras del presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado provincial, Luis Malagamba, quien expresó que el parámetro de consumo para aplicar el impuesto, fijado en 1.500 metros cúbicos anuales, resulta una cifra caprichosa y mal intencionada, habida cuneta que las familias de clase baja y media baja superan, en promedio, los 2.500 metros cúbicos por año.

"Consideramos pertinente solicitarle al gobierno nacional que proceda a la anulación del decreto 2067/08, a partir del que se implementa el denominado Fondo Fiduciario para la Importación de Gas Natural y Gas Natural Licuado.

"Además, encomendamos al gobierno nacional la refacturación de los consumos de gas natural y el reintegro de las subas cobradas desde la vigencia del mencionado decreto hasta la fecha", mencionó Quartucci.

Otra iniciativa

El proyecto del concejal radical Oreste Retta coincide en líneas generales con la iniciativa de Quartucci, aunque también expresa su rechazo al aumento registrado en las facturas de energía eléctrica.

"Luego de mantener congeladas las tarifas de los usuarios residenciales de los servicios de electricidad y gas natural durante más de cinco años, el gobierno nacional dispuso la aplicación de aumentos extraordinarios, que resultan imposibles de pagar para muchos usuarios", opinó Retta.

Resaltó que los aumentos han sido impugnados judicialmente por el Defensor del Pueblo de la Nación, considerando que las facturaciones contienen valores irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose, en consecuencia, en arbitrarios e ilegales por contrariar principios elementales de justicia.

"Se ha presentado un proyecto de ley propiciado por distintos movimientos de usuarios, organizaciones sociales, gremiales y políticas, con la firma de los diputados Virginia Linares, Pedro Azcoiti, Silvia Augsburger, Carlos Raimundi y otros, solicitando la derogación de las resoluciones y decretos que han dispuesto los incrementos en las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural", comentó Retta

El edil opositor promueve la adhesión del CD local al mencionado proyecto de ley, a la vez que exhortó a los usuarios que no estén de acuerdo con los montos de sus facturas de luz o gas natural, a concurrir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) a efectuar el pago bajo protesto para hacer reserva de derechos.

Cuestionamientos para la adjudicación de la terminal

Concejales de los bloques de la Coalición Cívica y del Frente para la Victoria manifestaron su rechazo al dictamen de la comisión de preadjudicación que definió a la empresa Terminal Buenos Aires SA (Teba) como la más adecuada, en virtud de sus antecedentes y su propuesta de inversión, para ser adjudicataria de la nueva terminal de ómnibus de nuestra ciudad.

La mencionada comisión, integrada por tres representantes del Ejecutivo y dos del Legislativo, emitió un dictamen en mayoría, con cuatro votos a favor, sugiriendo al intendente municipal que considere a Teba como la empresa más calificada entre las tres que se presentaron a la licitación.

En esa conclusión se manifestó en minoría la concejal María José Romero, del FPV, quien sugirió se declarara desierta la licitación, en virtud del informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN), que denunció deficiencias en la prestación que Teba lleva adelante desde 1993 como concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro, en la Capital Federal.

Desde la Coalición Cívica-GEN Radical, bancada integrada por Elisa Quartucci y Alberto Sangre, alertaron que el Ejecutivo pretende hacer con la concesión "lo mismo que se hizo con el transporte público de pasajeros, que fue transformado en un sistema caro e ineficiente, que no cumple con ninguno de los preceptos de un servicio moderno".

Señalan, además, que el titular de Teba, Néstor Otero, "es el privado que más dinero aportó en la campaña presidencia de Cristina Fernández", según indican, y se preguntan si valdrá la pena correr el riesgo de adjudicar la terminal a una empresa que "no cumple, no paga, ni brinda los servicios establecidos por contrato en la terminal de Retiro".

En otro orden, desde el Frente para la Victoria se indicó que "hacemos propio el pronunciamiento en minoría de la concejala Romero, solicitando, además, se requiera un mejoramiento sustancial de las ofertas realizadas, en razón de que no garantizan la salvaguarda del interés público involucrado".

Asimismo, los ediles Esteban Obiol, Marta Brusa y Héctor Saúl Figueroa definieron como "insignificante" el canon mensual de 5.500 pesos ofrecido por Teba y resaltaron sus "antecedentes negativos, que no se pueden soslayar ni en este ni en ningún otro proceso de licitación pública".