Publicado: 03-02-2011


 
Salta.- El Tribunal Municipal de Cuentas consideró que Fernández Esteban no puede cobrar un sueldo como subsecretario al no cumplir esas funciones.
El Tribunal de Cuentas Municipal formuló una observación legal al decreto de designación un abogado del foro local con el rango de subsecretario en el ámbito de la Secretaría General de la Municipalidad.

El abogado Hugo Fernández Esteban fue designado mediante el decreto 1.357, con una remuneración de $7.000 estipulada en el artículo 1 apartado 2 del decreto 1.357.

Este decreto es el que desde enero de 2010, establece la escala salarial para los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, y fija los haberes en porcentajes calculados sobre la remuneración mensual y total que percibe el intendente municipal.

El 19 de enero pasado y con la firma de Narciso Ramón Gallo y la abogada subrogante Beatriz Quintana de Escudero, el Tribunal Municipal de Cuentas consideró que Fernández Esteban no puede cobrar un sueldo como subsecretario cuando no existe un cargo con ese rango en el organigrama municipal.

Fernández Esteban se desempeñó como Secretario del Juzgado de Instrucción Formal 4ta. Nominación hasta el año 1997 en que ingresó al cargo de director de Sumarios durante la gestión del desaparecido Ennio Pontussi.

Luego ejerció la profesión liberal y ha intervenido como defensor de la secretaria general de la Municipalidad Estela Soto en sus presentaciones espontáneas en la justicia por el caso de la permuta de inmuebles municipales al empresario Roque Lozano y las cuestionadas adjudicaciones de licencias de transporte informal.

Su ingreso a la administración municipal se formalizó mediante la firma del decreto 805/2010 a mediados de setiembre pasado, en coincidencia con la interpelación de la secretaria General de la Municipalidad por el Concejo Deliberante, cuya declaración determinó a la mayoría del cuerpo legislativo a solicitar que se interpusiera una denuncia administrativa en su contra por presunto mal desempeño en el proceso de adjudicación de licencias de taxis y remises.

La designación ha generado cuestionamientos, inclusive el pronunciamiento del Tribunal Municipal de Cuentas ya que a pesar de que se le iguala el sueldo con el de un subsecretario o el Procurador General Adjunto, no cumpliría funciones específicas ni cuenta con escritorio en el Centro Cívico Municipal.

En medios políticos se ha vinculado el nombramiento, como una compensación por la defensa penal que ha ejercido a favor de la Secretaria General Estela Soto, tarea que en los últimos tiempos habría compartido con dos abogados más de apellidos Herrera y Soto.