Con una serie de cuestionamientos técnicos y legales, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba objetó, de manera preliminar, la contratación del ex diputado nacional radical Fernando Montoya por parte del defensor del Pueblo, Mario Decara.

Montoya fue contratado por Decara el 30 de diciembre del año pasado, para que, a partir del primer día de enero de 2009 y por el término de 12 meses, "diseñe y desarrolle un programa integral relacionado a la seguridad ciudadana, y las relaciones institucionales del defensor del Pueblo".

En la cláusula segunda del contrato objetado se establece que Montoya percibirá la suma total de 60 mil pesos, "pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas".

Aunque el organismo de control señala que la objeción es estrictamente legal, el episodio no puede sustraerse de lo político. Es que el dirigente radical Mario Decara llegó al cargo en la Defensoría del Pueblo merced a un pacto entre un sector de la UCR y el Gobierno provincial, y fue designado, en setiembre del año pasado, mediante un discutido procedimiento legislativo que fue reprochado en sede judicial. Luego, en el cargo, nombró a varios de sus correligionarios en la Defensoría, gracias al incremento presupuestario que le otorgó el oficialismo.

Las observaciones. De acuerdo con la documentación a la que accedió este diario, dos observaciones incluyó la objeción de los responsables del área de Estudios Previos del Tribunal de Cuentas y, posteriormente, de los vocales del cuerpo (Graciela Chayep, del PJ; Ernesto Martínez, del Frente Cívico; y el subrogante Cristián Savid, en reemplazo del tribuno Eduardo Barrionuevo, de licencia).

La primera observación cuestiona que en la resolución con la que Decara aprobó el contrato, "se encuentra incorrectamente citado el fundamento jurídico de la contratación", ya que ésta menciona un artículo legal que fue derogado tiempo atrás.

En el segundo cuestionamiento, expresan que "no se encuentran acreditados los requisitos exigidos" por las normas que regulan las contrataciones. Y citan la que establece que "deberá demostrarse: a) que la reconocida capacidad o especialización –del contratado– hace innecesario el concurso de antecedentes; y b) que las funciones o trabajos a encomendar no se superponen con las del personal estable de la Administración".

En este segundo punto, le reclaman a la Defensoría del Pueblo que agregue al expediente "el currículum vitae y la copia autenticada del título profesional del contratado".

En resumen, los técnicos advierten que el contrato está jurídicamente mal fundamentado.

Fuentes del organismo de control aclararon que la objeción no es definitiva, y que la Defensoría del Pueblo puede volver a enviar el expediente salvando los errores. Pero aclararon que el reenvío no implicará un visado automático.

Montoya, quien ayer aseguró no estar al tanto de la objeción ("me estoy enterando por ustedes", dijo), adelantó que conversará con los funcionarios de la Defensoría "para que se subsanen las cuestiones formales". Y prefirió no responder las críticas políticas que le formuló del juecista Ernesto Martínez.

Cuestionamiento político

Además de firmar la objeción legal de la contratación de Fernando Montoya, el tribuno de Cuentas por la oposición, Ernesto Martínez (juecista), expresó: "La oficina del señor Mario Decara en la Defensoría del Pueblo es algo así como la agencia del peronismo en la interna radical, con el propósito exclusivo de que no se concrete el acuerdo político entre el Partido Nuevo y la UCR; tanto es así que Decara ha nombrado prácticamente a un radical por cada departamento provincial".