Son ocho cargos que deben contar con acuerdo legislativo. La mayor demora es en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios que permanece acéfalo. Llamarán a concursos para el Tribunal de Cuentas. Buscan un nombre fuera de los partidos políticos para la Defensoría, vacante desde el jueves último.

 

El Poder Ejecutivo dará a conocer en los próximos días el decreto por el cual convocará a concursos para seleccionar los futuros candidatos a vocales del Tribunal de Cuentas; busca un nombre para proponer a la Legislatura como defensor del Pueblo y tiene avanzado un acuerdo político para integrar el nuevo directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), todos cargos que deberán tener acuerdo legislativo y cuya demora en las designaciones viene advirtiendo el justicialismo, especialmente a través de sus diputados.

El gobierno de Hermes Binner lleva una tardanza considerable en la conformación de estos cuerpos de control, especialmente en el Enress que está acéfalo desde el 10 de diciembre del año pasado. Un decreto del ex gobernador Jorge Obeid hizo que dos jerarquizados se hagan cargo provisoriamente del directorio, plazo ahora fenecido. En el reciente aumento tarifario autorizado a Assa la oposición cuestionó especialmente la falta de pronunciamiento del Ente sobre el tema, debido a su estado de acefalía.

Allegados al gobernador admiten la demora, pero también reconocen que discutieron internamente la situación jurídica del órgano de control creado en la ley de privatización de la ex Dipos para observar especialmente a una empresa privada cuando hoy el servicio está en manos de una empresa estatal. De todas maneras el gobierno tampoco tuvo iniciativa legislativa para producir un cambio en la ley vigente. De los cinco directores previstos en la norma, uno corresponde que sea propuesto por el sindicato del sector mientras que los otros cuatro surgirán de diferentes fuerzas políticas. Alberto Muñoz, dirigente de una ONG ligada al agua pero hasta hace semanas presidente del ARI, es uno de los vocales cantados. Los otros nombres deberían ser propuestos por el radicalismo, la democracia progresista y el justicialismo. La intención oficial es llegar a fin de año con el nuevo directorio aprobado por el Poder Legislativo, aunque dependerá de una negociación política con el justicialismo que tiene una leve ventaja en la Asamblea Legislativa.

 

Las otras vacantes

En el caso del Tribunal de Cuentas, los ministerios de Economía; de Justicia y Derechos Humanos y de Gobierno y Reforma del Estado, terminan de definir los alcances del decreto por el cual se convocará a concurso público para ocupar las vocalías. En este momento son dos los sillones vacíos, uno de los cuales deberá ser para un profesional en Ciencias Económicas y otro en Derecho, ya que la ley de administración estableció que al menos dos de los integrantes deben ser abogados.

En Casa de Gobierno se explicó que el objetivo es repetir el esquema utilizado por Binner cuando fue intendente de Rosario de abrir un registro de aspirantes y una serie de ítems a tener en cuenta para considerar antecedentes y prueba de oposición. El Tribunal de Cuentas ejerce el control externo de los actos de gobierno y es una figura de rango constitucional en la provincia. La ley de administración creó una comisión bicameral legislativa para controlar la gestión de dicho tribunal, así como para el examen y estudio de la cuenta de inversión y el dictamen de las observaciones legales.

 

Esta comisión bicameral no funciona desde 2006 y el intento de destrabarla semanas atrás provocó un fuerte choque político en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, la última edición de Opinión Profesional, órgano de los profesionales en Ciencias Económicas se advierte de la gravedad institucional producida en Santa Fe ya que desde 1983 nunca se trató la cuenta de inversión en el seno de la Legislatura.

En cuanto al futuro defensor del Pueblo, el gobernador ha reiterado que pretende el cargo para un dirigente no proveniente directamente de la política. La actual gestión pretende que el cargo lo ejerza alguien más ligado a organizaciones de la sociedad civil y cuyo nombre sea puesto a consideración de la ciudadanía durante un lapso, siguiendo una metodología como la utilizada por el gobierno nacional para con los candidatos a la Corte Suprema de Justicia. En la Casa Gris afirman que todavía no está el nombre.