De cada 10 internaciones que se registraron en el Hospital Braulio Moyano en 2006, seis fueron por reingreso de las pacientes. Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), el dato demuestra las “deficiencias en la calidad prestacional” del neuropsiquiátrico, y la falta de actividades de reinserción social, tanto durante la permanencia de las mujeres en el centro de salud, como cuando se producen las externaciones.

En 2006, ingresaron 977 pacientes al Hospital y el 60% de ese total se trató de mujeres que volvieron al complejo del barrio de Barracas. Según el organismo de control, en el mismo período hubo 1.140 egresos, de los que sólo el 22% fueron altas médicas. Además, fallecieron 36 internadas “sin que exista un registro estadístico de la causa de muerte de estas pacientes”, señala el informe, que fue aprobado en 2008.

La AGCBA relevó el avance de las 47 observaciones realizadas en un estudio de 2004 y detectó que “solamente fueron levantadas seis y se mantienen 41, entre las que hay nueve con ‘avance incipiente’”.

El informe también destacó que el Gobierno porteño tiene responsabilidades que “no pueden ser imputadas al Hospital”, y puntualiza la paralización de obras edilicias por problemas presupuestarios, falta de nombramiento de personal idóneo en áreas críticas y varias irregularidades en el contenido y el control del contrato que se firmó con la Cámara Argentina de Clínicas y Establecimiento Psiquiátricos (CACEP), por el que se decidió trasladar a clínicas privadas a las pacientes de los pabellones con “graves falencias edilicias”.

Según la Auditoría, en el convenio no estaba especificada la carga horaria y la periodicidad de las prestaciones que debían brindarse. Esto, sumado a la falta de supervisión de las pacientes por parte del Gobierno de la Ciudad, “imposibilitó evaluar el cumplimiento del contrato”.

Asimismo, tampoco figuraba una descripción específica de las atenciones para cada caso, se detectó que el 66% de los sanatorios “no brindaban las prestaciones adecuadas”, y las actividades de rehabilitación y resocialización fueron “insuficientes, deficientes o inexistentes” en dos de cada tres clínicas.

El contrato no previó la intervención de los organismos de control establecidos en la Constitución porteña. Hasta el cierre del trabajo de la AGCBA, había 125 internas que permanecían en las clínicas dispuestas por la CACEP.

Con respecto a los empleados del Moyano, el informe apuntó que “las falencias se pueden apreciar en todo el sistema. Es necesario incorporar administrativos, profesionales de la salud, personal de apoyo y mantenimiento”, recomendó la Auditoría, y agregó que se debe “regularizar la situación del personal que ocupa cargos de mayor jerarquía sin percibir la remuneración acorde a su función”.

Cuando el organismo de control terminó su auditoría, en el Hospital se hacían obras de remodelación que provocarían una baja en la cantidad de camas existentes. La AGCBA responsabilizó a la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad porque no planificó medidas que compensen la disminución de las camas, como hospitales de día o casas de medio camino.

Según la Ley 448 de Salud Mental, la Dirección es la autoridad de aplicación que debe conducir y regular todo el sistema, además de habilitar y controlar a los establecimientos, tanto públicos como privados, y sus prestaciones. En cuanto al contrato firmado con la CACEP, la Auditoría concluyó que la Dirección “demostró inacción e incumplimiento de sus funciones encomendadas por la normativa (al) delegar la responsabilidad del cuidado de los pacientes a un ente privado ajeno a su jurisdicción”.

Sobre las responsabilidades del propio Hospital, pese a que la AGCBA reconoció mejoras algunos aspectos de la planta física, advirtió que “sin el debido mantenimiento, los pabellones refuncionalizados dejarán de ser aptos para la atención y el albergue de las pacientes en el corto plazo”. Al mismo tiempo, el informe puntualizó que en lo referente a la limpieza y desinsectación de las instalaciones, se detectaron “ineficiencias” que provocaron una “disminución de la calidad de vida de las personas internadas”.