Denuncia contra un funcionario de Salud
Un representante designado por Manzur para controlar los fondos de las obras sociales.
Se trata de Ángel Aragón, quien fue nombrado al frente de la APE, un organismo investigado por la Justicia por la mafia de los medicamentos. Descubrieron remedios vencidos en el Instituto de Previsión de Tucumán, donde ejercía como subinterventor.
El recientemente designado gerente de Control de Gestión de la Administración de Programas Especiales (APE), Ángel David Aragón, tiene un antecedente en su foja de servicios que compromete seriamente el destino de su gestión al frente del organismo que otorga millonarios subsidios a las obras sociales. Mientras se desempeñaba como subinterventor del Instituto de Previsión Social de Tucumán (IPSS), una auditoría del Tribunal de Cuentas provincial halló "medicamentos oncológicos vencidos en las góndolas y heladeras" del organismo y "serias irregularidades en el seguimiento de los pacientes".
La maniobra "fue pergeñada para estafar al Estado provincial en más de 27 millones de pesos", aseguró el senador nacional electo José Cano, quien presentó un pedido de informes ante la Cámara de Diputados, cuando aún se desempeñaba como legislador provincial.
"Aragón no viene a controlar a Moyano, viene a dividir la caja", interpretó el legislador en diálogo con Crítica de la Argentina. Esta semana Cano presentará una denuncia penal y solicitará al juez Norberto Oyarbide que establezca "si existe alguna relación de estos hechos con la megacausa que investiga la mafia de los medicamentos".
Una alta fuente del IPSS relató a este matutino que "las maniobras irregulares comenzaron con la llegada de José Alperovich y con la intervención de Mario Koltan", el primer funcionario que Manzur designó al frente de la APE y que debió renunciar a las 48 horas por presiones del titular de la CGT, Hugo Moyano. En ese momento fuentes oficiales alegaron que el funcionario era dueño de una empresa de medicina prepaga, lo que hacía incompatible su desempeño en el organismo. También Aragón sabe de incompatibilidades entre lo privado y lo público. Tal como anticipó este matutino en su edición del martes, el recientemente designado gerente de APE todavía forma parte del directorio de la distribuidora de productos farmacéuticos Asara. Cerca del funcionario dijeron que la sociedad tuvo funcionamiento real apenas un año, durante 2006, con la venta de bolsas de colostomía y otros productos, aunque no de medicamentos. Pero reconocieron que jamás le dio de baja y que ya en 2006 Aragón revistaba al mismo tiempo como directivo de la obra social provincial.
"Koltan y Aragón son socios y actuaron juntos en la obra social tucumana, lo que demuestra un modus operandi común, que parece gustarles a los kirchneristas y por eso se los llevan a Buenos Aires para hacer negocios", finalizó Cano.
La investigación
Mediante el Acuerdo 3.237, el Tribunal de Cuentas provincial abrió una comprobación sumaria en el Centro de Calidad de Vida del IPSS, luego de verificar la existencia de cajas con importantes cantidades de medicamentos vencidos y otras con la leyenda "decomisados", lo que, según lo informado por los responsables de la farmacia, se produjo por vencimiento o por haber perdido la cadena de frío. El órgano de control del Estado recomendó efectuar una denuncia penal -que todavía no se concretó- y dar intervención al Departamento de Fiscalización Farmacéutica y Tecnología Médica con el propósito de establecer si alguno de esos medicamentos habrían sido distribuidos entre los beneficiarios del subsidio de salud de la provincia. El informe -fechado el 2 de octubre- lleva la firma de los contadores Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal. Rápido de reflejos y con la auditoría en curso, Ricardo Alperovich dispuso el desplazamiento de Aragón de la subintervención de la obra social provincial.
Como si nada hubiera sucedido, cien días después, el ministro Manzur lo designó al frente de una gerencia estratégica dentro de la APE, el ente que se encuentra en la mira de la Justicia federal justamente por ser el responsable de otorgar cuestionados subsidios a las obras sociales para la compra de remedios oncológicos que nunca llegaron a los afiliados.
El IPSS cuenta con unos 300 mil afiliados y tiene una estructura de gastos que asciende a 28 millones de pesos mensuales. Según datos suministrados por personal del organismo, el déficit mensual de la obra social supera los 8 millones de pesos, cubiertos puntualmente por el Ejecutivo.