Desde la Jefatura de Gabinete reparte fondos de "Fútbol para todos" que recibe como directivo quilmeño: Un abogado lo hizo ante la Justicia por incompatibilidad de funciones.

La elección de Aníbal Fernández como vicepresidente de Quilmes levantó polvareda: críticas de abogados, advertencias de expertos en transparencia, una denuncia judicial y hasta una investigación de la Oficina Anticorrupción. Es que el jefe de Gabinete de Ministros maneja, entre otras partidas, la de "Fútbol para todos", el programa por el cual el Estado le paga a la AFA (de la que Quilmes es parte) por los derechos de televisación de los partidos.

"Hay incompatibilidad con su rol de funcionario público y conflicto de intereses", lo denunció Ricardo Monner Sans. La causa está en el juzgado N°7, a cargo del juez Norberto Oyarbide.

Fernández fue el principal impulsor del "Fútbol para todos". En sus comienzos, el Gobierno aseguró que esa transmisión no iba a tener costo alguno para el Estado.

Después (en marzo) admitió que "sólo se gastarán $ 600 millones, ni un centavo más". Pero, en la oficina del presupuesto del ministerio de Economía, la partida de "Fútbol para todos" ya alcanza los $ 828 millones. 
Especialistas en marketing deportivo sostienen que, pronto, esa asignación llegará a $ 928 millones.

Los abogados consultados dijeron que la decisión de Fernández presenta riesgos de infracciones en numerosas leyes. Monner Sans entiende que Fernández podría estar infringiendo los artículos 13 y 17 de la ley de ética pública (sobre incompatibilidad de roles).

También señala el artículo 30 de la ley de Presupuesto vigente (que habla de la relación directa del jefe de Gabinete con el "Fútbol para todos").

Otros especialistas consultados pusieron la lupa en los artículos 24 y 25 de la ley de Ministerios, por lo que los ministros deben "abstenerse de ejercer cualquier actividad que tenga vinculaciones con sus poderes". Y también sugieren atención al Código de Etica de la función pública. "No debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones (...) y debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio" (artículo 23). "No puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes (artículo 41).

Pablo Cecchi, director de Calidad Institucional de la fundación Poder Ciudadano, señaló que "en principio, no encuentro conflicto de intereses. Pero lo que sí debería estar más claro es cuánto dinero le da el Gobierno a los clubes". El ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido observó que "un comportamiento prolijo sería que el funcionario en cuestión se presente voluntariamente a la Oficina Anticorrupción (OA) y pregunte sobre su situación". En esa dependencia, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, no había ayer ninguna presentación de Fernández. Sin embargo, se inició un estudio de "oficio", en función de la información publicada en los medios.

Otro que se quejó fue Juan Manuel Lugones, de Abogados de Víctimas de la Violencia en el Fútbol.

"El que más conoce de la violencia en el fútbol, el que la maneja, ahora va a estar dentro del fútbol", ironizó. "Es obsceno y reñido con la ley de ética pública que quien reparte plata a los clubes, a través del programa Fútbol para Todos, a su vez sea directivo de un club que se beneficiara con esos recursos", criticó la diputada nacional Silvana Giudici (UCR).