Publicado: 21-08-10

Lea el informe de El Auditor aqui

El juez Esteban Dubois tomará el próximo 1 de setiembre declaración indagatoria a la ex ministro de Educación, María Esther Altube, en la causa de la contratación irregular de la digitalización de libros y archivos del Complejo de Bibliotecas, por la que el gobierno de Juan Carlos Romero pagó tres millones de pesos de adelanto a la empresa Plumada, tres días antes de terminar su gestión.

Salta.- Tres meses después de que la fiscal María Inés Loyola promoviera acción penal contra Altube y el ex coordinador de Bibliotecas y Archivos, Miguel Ángel Cáseres, por negociaciones incompatibles con la función pública, el juez Dubois tomó las primeras medidas para avanzar en la instrucción de la causa. Altube tendrá que presentarse el 1 de septiembre a las 9 de la mañana en la sede del juzgado de Instrucción Formal Nº 2, para dar su propia versión del encargo que se le hizo a Plumada para digitalizar libros y archivos del Complejo de Bibliotecas. Dubois, además, tiene previsto tomar declaración informativa a Diego Dorigato, un funcionario del gobierno de Romero que se desempeñó en el ministerio de Educación y como Director de Rentas. 

El hecho llegó a la Justicia después de la publicación de un informe de la Auditoría General de la Provincia, que concluyó que el trámite que se inició y se concluyó en menos de tres semanas, no había respetado la ley de procedimientos administrativos, ni la ley de contrataciones. El proceso irregular que destacó el informe de la Auditoría derivó en el pago de un adelanto de tres millones de pesos a la empresa Plumada, que se efectivizó dos días antes de que Romero entregue el gobierno a Juan Manuel Urtubey. Altube quedó imputada porque firmó una resolución ministerial que encargó la digitalización a Plumada, que luego fue refrendado por un decreto provincial que firmó el entonces -y actual- vicepresidente del Senado, Mashur Lapad, que estaba a cargo del Ejecutivo. La ex ministra y Lapad intentaron hacer aparecer el "encargo" de la digitalización como una derivación del contrato que Romero había firmado con Plumada, en 2006, para la guarda de archivos. 

Pero según la Auditoría, la provincia debió llamar a una licitación, y hacer un nuevo contrato. El encargo además, no le fijaba condiciones a la empresa sobre plazos, ni modalidad. Cuando promovió acción penal, la fiscal Loyola argumentó que la falta de controles y el escaso tiempo en que se realizó el encargo "hace suponer una probable vinculación entre los funcionarios intervinientes con algunos de los miembros de la firma Plumada, que evidencian un interés particular en que tal negocio se realice". Dubois decidió avanzar en la investigación pese a que la Corte aún no resolvió el conflicto de competencia planteada por el propio Dubois, que cree que por la fecha en que se inició la causa debe quedar en manos de Martín Pérez, juez de Instrucción formal de 1ª Nominación, quien también se declaró incompetente. El informe de la Auditoría hizo que Urtubey anule el decreto que firmó Mashur Lapad, quien aún hoy se sigue quedando a cargo del Ejecutivo cuando se ausentan el gobernador y su vice, Andrés Zottos. Sin embargo, la provincia aún no tomó ninguna medida para recuperar los tres millones de pesos abonados por Romero a Plumada, a la que todavía le sigue confiando la guarda de los archivos de la provincia.