Publicado: 16-03-2010

El cónsul de Bolivia en Rosario, Williams Eloy Medrano, denunció que existe una red de trata de personas, en ambos lados de la frontera, que ingresa menores con documentos y certificaciones falsos. Reconoció que en su jurisdicción, que comprende las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, fueron repatriados varios adolescentes, uno de los cuales fue llevado desde Paraná, el año pasado. El diplomático confirmó a EL DIARIO que pidió la actuación de la Embajada.

Son esclavizados y viven en condiciones infrahumanas. Llegan al país con “documentos truchos” y sus captores o “medieros”, logran sortear los puestos de Migraciones, sin ningún problema. Ante esta situación, el consultado boliviano, con sede en Rosario, denunció falta de control, no sólo en los pasos fronterizos (Argentina-Bolivia) sino también entre las provincias, de las que no quedan excluidas Entre Ríos y Santa Fe.

La preocupación sobre la explotación infantil y trata de personas en la región, la planteó ayer el cónsul de Bolivia en Rosario, Williams Eloy Medrano, al recordar que en las capitales de ambas provincias, se localizaron a varios menores, de nacionalidad boliviana, en condiciones de servidumbre. Uno de los casos sucedió el año pasado en la capital entrerriana, específicamente, en una quinta, ubicada en el Parque Costero, donde se encontró “trabajando” al adolescente Y.A.A. (según sus iniciales), de 13 años y a D.V.P., de 17 años. El más chico –según recordó el cónsul–, debía cocinar para el resto de los obreros, quienes vivían en condiciones de hacinamiento, en precarias carpas armadas con bolsas de nylon, sin agua potable ni baños.

Denuncia

Según reveló el cónsul, “el joven, de 13 años, fue rescatado de la finca y repatriado a Bolivia. El menor estaba encargado de cocinar para todos los mayores que estaban ahí, y lo tenían en condiciones decadentes, incluso sin agua, en una total esclavitud”, señaló el funcionario, en diálogo con el programa A quien corresponda.

Minutos después de esa entrevista radial, el diplomático confirmó a EL DIARIO, que el presidente del Consejo Provincial del Menor, Adolescente y Familia, Raúl Solanas, “se comunicó conmigo para ponerse a disposición de lo que necesite este Consulado”, aunque luego reconoció “que fue un diálogo protocolar, porque recién asumió en ese cargo”.

Ante la gravedad de la situación, Medrano ratificó que elevó un memorial a la Embajada de Bolivia en Buenos Aires, para que tome conocimiento de los casos de servidumbre a la que son sometidos no sólo los menores sino también “compatriotas” mayores.

“Lamentablemente se toma como moneda corriente que pasen estas cosas. Lo que nosotros esperamos es que se haga algo al respecto”, aseveró el funcionario, en diálogo con esta Hoja.

Medrano recordó que si los organismos de control detectan menores de edad, ilegalmente ingresados y explotados en este país, deben darlo a conocer al Consulado en Rosario, ya que no pueden tenerlo más de seis días alojado en un hogar de tránsito. “El año pasado estuve en Paraná, recorrí la zona de quintas donde estaban los dos menores. Ahora, estamos trabajando en la localidad de Pérez, donde también se detectó a dos menores”, aseguró.

El tema de los menores bolivianos explotados en esta región tomó estado público a raíz del operativo que se llevó a cabo el viernes, en la ciudad de Pérez, en cercanías de Rosario, en la provincia de Santa Fe. En el lugar, un vivero, había dos adolescentes de 14 años, ambos tenían documentación falsa y autorizaciones fraudulentas, “selladas desde las oficinas de Migraciones tanto de Argentina como Bolina”.

Inacción

El diplomático boliviano dijo sentirse preocupado y “solo en la lucha”, por lo que decidió enviarle un memorandum al titular de la Embajada de su país en Buenos Aires, debido a que muchas veces, “situaciones como estas se las toma como el pan de cada día y no se hace nada para solucionarlo”. 

Respecto a los casos de Paraná, desde la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, el Consejo del Menor y la Dirección de Trabajo, ante una consulta de este medio, se reconocieron los hechos señalados por el cónsul, aunque aclararon que “son del año pasado” y que los menores, fueron deportados a Bolivia.

“Nosotros ahora estamos abocados a las llamadas wisquerías y no hemos tenido participación en otros operativos”, dijo a EL DIARIO el jefe interino de la División de Trata, José Zárate. “El problema que nos encontramos es que no está reglamentada la ley de Trata de Personas (26.364) y por lo tanto, nadie se hace cargo si estamos frente a un delito de trata de personas o tráfico de personas”, reconoció el comisario, respecto a la denuncia de Medrano.

Asimismo, reveló que al no estar reglamentada la ley, no existe un hogar de alojamiento y protección para los menores y al no haber un lugar físico, tampoco cuentan con partidas presupuestarias. Tanto es así que el año pasado, uno de los menores fue alojado, transitoriamente, en el hogar “El lugar de los niños”, de la ciudad de Viale, donde permaneció hasta su repatriación, tal como consta en las actas que labró el Consejo del Menor, a las que tuvo acceso este matutino.

Por su parte, el titular de la Dirección de Trabajo, Oscar Balla, aseguró que en las últimas inspecciones que se realizaron en la zona de quintas no se detectaron menores en el lugar. “Había personas mayores trabajando, de nacionalidad boliviana, por lo que se le pidió al dueño que presente la documentación laboral de los obreros. Menores no detectamos”, apuntó.

“Una situación como la que encontramos en el 2007 y en el 2009, donde había menores, no hemos tenido en la actualidad; no obstante, seguimos haciendo inspecciones en el lugar, una se hizo este mes, donde encontramos a obreros mayores de edad, de nacionalidad boliviana, y pedimos la acreditación laboral”, acotó Balla.

Desde uno de los organismos oficiales consultados, se reconoció que los obreros siguen trabajando en condiciones deplorables “pero poco es lo que se pude hacer”.

La fuente explicó que si se dispone la clausura de la actividad, los obreros “pierden su trabajo” y por consiguiente, “se les empeora su situación de extrema pobreza” en la que viven.