Aseguran que no se controlo el uso de subsidios. La Auditoría General de la Nación cuestiona también la falta de control sobre las reservas de petróleo y gas y el destino del dinero para los gasoductos

La Auditoría General de la Nación (AGN) elaboró un informe que cuestiona el funcionamiento de la Subsecretaría de Combustibles, área que depende de la Secretaría de Energía y del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El documento pone el acento en la actividad hidrocarburífera desarrollada por la subsecretaría durante el 2005. La exportación y exploración de hidrocarburos durante ese período se caracterizó por la adjudicación de áreas remanentes a través del ‘Plan Argentina’. El informe pone al descubierto que la petrolera estatal Enarsa no realizó un proceso concursal para entregar permisos de exploración. 

También destaca la inexistencia -dentro de la Secretaría- de soportes técnicos e información suficiente que permitan corroborar las reservas hidrocarburíferas determinadas por las empresas. Asimismo, indica que las funciones clave de la Secretaría sólo reúnen el 36% de la dotación de personal, entre otras cuestiones.

Si bien el informe de la AGN se dio a conocer recientemente, estaba ya listo desde noviembre pasado, pero descargos de la empresa auditada y la falta de quórum en el Colegio de Auditores para emitir dictamen, postergaban su publicación.

Según el detalle del extenso documento de 400 páginas al que accedió El Cronista, los puntos críticos son:

-La política presupuestaria y estructura organizativa. El informe marca que "el financiamiento presupuestario aplicado a la Política Hidrocarburífera no guarda proporción con la magnitud de las funciones que prevé la ley 17.319 para la Secretaría. Tampoco es proporcional con el nivel de recursos que ingresan como consecuencia de su accionar". Entran $ 89.351.000, aplicándose a la ejecución de la política de hidrocarburos solo $ 15.890.000. El excedente de lo recaudado se devuelve al Tesoro. Asimismo resalta que "el 85% del personal es contratado existiendo funciones de responsabilidad propias de funcionarios y agentes de planta". 

-Permisos de exploración y concesiones de explotación. Según el documento, el mecanismo empleado por la empresa estatal Enarsa "para la exploración y explotación sobre la Jurisdicción Nacional fue el de la libre asociación". En este sentido resalta que "no hay proceso concursal para otorgar permisos de exploración", cualquier empresa que esté dispuesta a invertir en un área accede en forma directa, sólo asociándose.

Asimismo da cuenta que "existen adjudicaciones de permisos y otorgamiento de concesiones cuya tramitación tuvo dilaciones o requerimientos injustificados previos a su aprobación".

-Registros y bases de datos. El informe pone al descubierto que el sistema de información existente en la Subsecretaría de Combustibles no permite tomar conocimiento en forma integral del universo de las áreas hidrocarburíferas, de sus titulares y de las cesiones, por ejemplo. 

-Fondo fiduciario para la ampliación de la red de transporte de gas. En este sentido dice que "la aprobación de cargos tarifarios para el repago de las obras de los gasoductos Norte y Sur (por las ampliaciones iniciadas en 2004) se hizo mediante notas (de la Secretaría al Enargas) no dictándose los actos administrativos pertinentes. Así apunta que "no puede establecerse con precisión el destino de los cargos tarifarios cobrados a los usuarios en el caso del Gasoducto Norte". 

-Reservas. "Inexistencia dentro de la Secretaría de Energía de los soportes técnicos e información suficiente que permitan corroborar las reservas hidrocarburíferas determinadas por las empresas", dice el análisis.

-Subsidio al consumo residencial de gas. Asimismo el informe establece que existe una "falta de control por parte de la Secretaría de Energía en la operatoria para percibir el recargo por el consumo de gas y girarlo al Fideicomiso en cuestión". Por último da cuenta que "los totales transferidos por el fideicomiso durante los ejercicios 2004 y 2005 fueron de $ 132.093.646 y $ 154.970.683, excediendo el tope establecido por el decreto 786/02 de 100 millones de pesos anuales.

La UCR ratificó al presidente Despouy 

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, consideró oportuno precisar que "tanto el nombramiento como la duración del mandato del titular de la Auditoría General de la Nación son, por disposición constitucional, competencia exclusiva del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso" (Art. 85 C. N.), lugar que ocupa la UCR en la actualidad y desde inicios de 2002. "Frente a versiones que afectan la correcta interpretación del texto constitucional y, por tanto, la gestión del actual presidente de la AGN, Leandro Despouy, la UCR ratifica su continuidad funcional y su valoración personal", finalizó Sanz en un comunicado de prensa. Las palabras de Sanz surgen luego de que una interna radical pusiera en duda la continuidad de Leandro Despouy, dado que en estos días se vencía el período de 8 años (esa es la duración del cargo que ocupa desde 2002).El Colegio de Auditores está formado por siete auditores: su presidente Despouy, Alejandro Nieva y Horacio Pernasetti por el radicalismo y Vicente Brusca, Vilma Castillo, Francisco Fernández y Oscar Lamberto por el oficialismo.