Publicado: 07-04-2010

Tucumán.- La Cámara de Apelaciones en lo Penal habría resuelto que Pisa lleve adelante la investigación. En la causa aún no se ordenaron actuaciones porque se excusaron de entender en ella dos fiscales y tres magistrados penales.

La denuncia para que la Justicia investigue si hubo ilícitos en la firma del convenio por $ 800.000 entre el Siprosa y la Fundación Salud para el dictado de cursos de endodoncia cumple hoy 48 días. Y ayer se conoció que el expediente, en principio, por fin tiene un magistrado que lo instruya. Según confirmaron fuentes judiciales a LA GACETA, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción habría resuelto que el juez de la III Nominación, Juan Francisco Pisa, lleve adelante la investigación, y estaría por remitirle la documentación. 

El "caso Funsal" surgió cuando el Tribunal de Cuentas rechazó el pago a la Funsal autorizado por el ministro de Salud, Pablo Yedlin. Mediante el acuerdo 188, el ente de control cuestionó que el listado de estudiantes (odontólogos y auxiliares del Siprosa) no haya sido acompañado por el número de DNI de cada uno, como así tampoco de una constancia que acredite su pertenencia al Siprosa. Además, observó que el Ministerio de Salud no haya adjuntado la nómina de capacitadores. Y advirtió sobre las incongruencias entre la fecha de inicio de los cursos (12 de mayo de 2009), la de inicio de actividades de la Funsal (2 de julio) y del convenio con el Siprosa (19 de agosto). 

A partir de esos elementos, el radical Raúl Moreno y el peronista Oscar López efectuaron una denuncia el 19 de febrero. Hasta ahora, sin embargo, no se ordenó ninguna actuación en la causa porque las idas y vueltas tribunalicias. En un primer momento, la fiscala de la IX Nominación, María de las Mercedes Carrizo, se excusó de entender en el asunto y lo derivó a su par de la IV Nominación, Carlos Sale: él estaba de turno cuando se inició la capacitación de Funsal (mayo de 2009). Sale requirió dictamen al fiscal de la Cámara Penal, Daniel Marranzino, quien devolvió la denuncia a Carrizo. 

Ella dividió la cuestión en dos carriles. Por un lado, solicitó el inicio de una investigación jurisdiccional contra los funcionarios con privilegios constitucionales (Yedlin y el ministro de Salud nacional, Juan Manzur). Por otro, apuntó que ella podía iniciar la investigación preparatoria respecto del presidente de Funsal, Héctor Silva Olivares, y del asesor de Manzur, Raúl Penna. Así elevó la requisitoria penal a Pisa. 

Sin embargo, él se excusó y derivó el planteo fiscal en su par Víctor Manuel Pérez, de la IV Nominación, quien también se declaró incompetente para entender en la causa y la remitió a su par de la V Nominación, Mirta Lenis de Vera. Ella discrepó y requirió la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que ahora le habría remitido el expediente a Pisa.